·        
Ente regulador de las
telecomunicaciones viene informando sobre la cantidad de líneas móviles que
figuran a nombre de cada cliente de las operadoras.

·        
El Congreso de la
República remitió al Poder Ejecutivo, para su promulgación, la autógrafa de la
ley que prohíbe la venta de servicios móviles en la vía pública.

Más de 7000 líneas móviles a
nombre de una sola persona natural, la cual no reconoció haberlas contratado,
fueron reportadas por una empresa operadora del servicio móvil en su registro
de abonados al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL).

Este es solo uno de los casos
encontrados durante una nueva revisión que el OSIPTEL hizo al registro de
abonados de las empresas operadoras a fin de identificar la cantidad de líneas
móviles que figura a nombre de cada abonado o titular del servicio y de esta
manera informarle para que verifique si fueron o no contratadas con su
consentimiento.

“Hemos
detectado más de 80 casos de personas que tienen de 100 hasta más de 7000
líneas móviles en los registros de las empresas operadoras. En algunos de los
casos, los nombres no coinciden con los documentos de identidad consignados”,
señaló el presidente ejecutivo del OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz.

En base
a estos hallazgos, se viene informando a los usuarios a través de mensajes de
textos o SMS la cantidad de líneas móviles que figuran a su nombre y puedan
adoptar las medidas pertinentes y oportunas en caso desconozcan su contratación.

Muente
añadió que también pueden verificar esta información en Checa tus líneas (https://checatuslineas.osiptel.gob.pe/). “Si la línea móvil que desconocen es prepago, deben
presentar un cuestionamiento de titularidad ante la empresa operadora. De ser
una línea pospago, corresponde presentar un reclamo por contratación no
solicitada”, recomendó.

“Con
las respuestas que den los usuarios verificaremos si se tratan de
suplantaciones de identidad para la contratación de líneas móviles, trámites no
actualizados o malos reportes de las empresas operadoras al OSIPTEL”, precisó.
Indicó que, en base a ello, y a la información que den las empresas sobre estos
casos, evaluarán la imposición de medidas correctivas correspondientes.

Solo en
el 2022, Movistar, Claro, Entel y Bitel registraron cerca de 80 000 reclamos
por contrataciones no solicitadas en el servicio público móvil pospago y más de
10 000 cuestionamientos de titularidad prepago, líneas que, en su mayoría,
probablemente, fueron contratadas de manera ambulatoria.

Limpieza del registro de abonados

En el
año 2022, tras un cotejo masivo del registro de abonados de las empresas
operadoras con la información del Reniec y de la Superintendencia Nacional de
Migraciones, el OSIPTEL detectó más de cinco millones de registros con errores
materiales y más de 400 000 con datos inconsistentes. “De este último grupo,
por disposición del OSIPTEL, más del 90 % de líneas fueron dadas de bajas, por
no lograr la subsanación de los datos”, detalló el presidente ejecutivo del
OSIPTEL.

En mayo
de este año, el OSIPTEL identificó más de 20 000 líneas móviles de abonados con
nombres inconsistentes en los registros de Movistar, Claro, Entel y Bitel,
según lo que reportaron al ente regulador. Tras las observaciones del
regulador, a la fecha, se ha ejecutado la baja del servicio del 50 % de estas
líneas, pues las empresas no acreditaron el mecanismo de contratación de las
mismas, y se viene revisando la información de las líneas regularizadas.

Muente
indicó que uno de los riesgos de la venta ambulatoria de chips de telefonía
móvil es el incumplimiento de los protocolos normados para la contratación del
servicio.

Como se
recuerda, el 6 de julio de 2023, el Congreso de la República remitió al Poder
Ejecutivo la autógrafa de la ley que prohíbe la comercialización de los
servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma ambulatoria o en la
vía pública, para su promulgación. Cabe señalar que los proyectos relacionados
contaron con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros,
mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que carecen
de competencia para emitir opinión y señaló que es el OSIPTEL la entidad que
cuenta con las facultades de supervisión respecto a la contratación y uso de
los servicios públicos de telecomunicaciones de telefonía móvil.

La venta ambulatoria de chips, como
se ha demostrado, es un peligro para la seguridad ciudadana, pues es la puerta
para que se comenta delitos como la suplantación de identidad, fraude
informático, estafa e incluso extorsión.