Desde el mes de agosto, la provincia fue declarada en emergencia, pero sin verdaderos resultados, aseguró Aldo Carlos. Exigió mejores recursos y que la vigilancia no sea solo para las zonas mineras.

Durante el 2023, se registraron, por lo menos, cerca de 30 asesinatos vinculados con la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad, zona que se ha convertido en los últimos años en el centro de operaciones de las organizaciones criminales dedicadas a la extracción ilícita de oro.

Una situación que mantuvo a la provincia andina en estado de emergencia desde el pasado mes de agosto, pero que todavía sigue sufriendo la violencia desmedida de estas mafias. Frente a ello, el alcalde de esta jurisdicción, Aldo Carlos Mariños, se mostró pesimista ante la nueva declaratoria.

Según explicó a La República, hoy jueves se reunirá con autoridades del Ejecutivo para pedir que esta vez la medida venga acompañada de una estrategia y recursos logísticos. Además, pedirá que se hagan vías de comunicación y hospitales, porque “la gente muere por falta de atención médica”.