El aliado de Pedro Castillo y congresista de izquierda, Guillermo Bermejo,
es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en
agravio del Estado. La Fiscalía allanó su casa y despacho en el marco del caso.

Diversas pruebas y testimonios apuntan a que el congresista de Cambio
Democrático – Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, estaría implicado en los
actos de corrupción del caso ‘Los Operadores de la Reconstrucción’. Debido a
ello, el jueves 21 de septiembre, el Equipo Especial de Fiscales contra la
Corrupción allanó la vivienda y oficina del también amigo del golpista Pedro
Castillo.

A Bermejo se le investiga por la presunta comisión del delito de tráfico de
influencias agravado en agravio del Estado, pues sería uno de los integrantes
de la organización criminal al recibir sobornos de hasta 1.5% del monto total
del contrato firmado con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
(ARRC).

Lejos de cumplir los objetivos de la ARRC, la tesis fiscal señala que el
parlamentario habría cobrado coimas por contratos, al igual que el hoy
encarcelado Robert López López, exjefe de dicha institución. Incluso,
información del Ministerio Público sugiere que Bermejo habría recepcionado un
sobre con S/40,000 en su interior mientras se encontraba en su domicilio
ubicado en Surco.

Cabe mencionar que el personal de confianza de Bermejo, que son sus ex
asesores, también se encuentran siendo investigados por presuntamente
pertenecer a esta red criminal que perjudicó seriamente a miles de peruanos en
13 regiones del Perú que esperaban contar con obras públicas que eviten el
desborde de ríos o el colapso de estructuras ante posibles fenómenos
climatológicos.

Se trata de Francisco Jara, quien habría recibido coimas equivalentes a
0.5% del total del contrato firmado por la ARRC y actualmente cumple una
prisión preventiva por 20 meses, y Yul Valdivia, quien también estaría
involucrado en los hechos irregulares tras visitar constantemente al legislador
en su despacho.

Sobre el caso, la abogada penalista, Romy Chang, señaló que “la Fiscalía de
la Nación tendrá primero que pedir al Congreso de la República que se levante
este manto protector, que es la inmunidad parlamentaria. Si el Congreso no
levanta la inmunidad, por más voluntad que la Fiscalía tenga de continuar con
la investigación, no va a poder hacerlo”.