El Congreso
derogó la ley que regulaba la construcción de obras públicas que no superan las
50 UIT bajo la modalidad de administración directa por parte de los gobiernos
locales y regionales. Expertos aseguran que esta decisión solo le abre paso a
la corrupción y la falta de transparencia al ejecutar proyectos en favor de los
contribuyentes.

El proceso de
administración directa, el cual permite que gobiernos regionales y
municipalidades provinciales y distritales ejecuten proyectos de inversión
pública con su propio equipo de trabajo y herramientas tecnológicas con un tope
de S/257,000 (50UIT), era regulado por Ley 31876, pero fue derogada
recientemente por el Congreso con 106 votos a favor. Ahora, los gobiernos
subnacionales podrán hacer uso de este mecanismo para llevar a cabo
construcciones de gran envergadura con un valor superior a los S/247,000; sin
mayor control de calidad ni supervisión técnica.

La especialista
en inversión pública, Karla Gaviño, comentó a Vigilante.pe que “se está dejando
de lado la primera ley en el país que intenta regular específicamente sobre la
materia”, lo cual nos pone en un escenario donde las obras publicas se hacen
“sin mayor control de calidad, sin especialidad y sin contar con los equipos
más idóneos y profesionales capacitados”. Además, alertó que la decisión del
Congreso responde a un interés netamente político, pues este tipo de
estrategias de tinte populista pueden ser aprovechadas por los candidatos a
cargos ediles y gobiernos regionales para prometer puestos de trabajo
temporales. Sin embargo, nada garantiza que los gobiernos subnacionales
contraten personal que cuente con las aptitudes necesarias para desempeñar esta
funciones, sino que, por el contrario, es posible que muchas personas ocupen
estos cargos por el “pago de favores”.

Por su parte, el
exministro de economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad,
David Tuesta, mencionó que derogar esta ley representa un retroceso en la lucha
contra la corrupción y falta de transparencia en el Estado. Además, aseguró que
esto permitirá que las inversiones públicas en regiones se paralicen.

Según información
de la Contraloría, el mayor número de obras sin terminar son aquellas que se
iniciaron bajo dicha modalidad. Hasta el segundo trimestre de 2023, 1,095
proyectos se encuentran inconclusos a nivel nacional. Anteriormente, la
Resolución de Contraloría N 195-1988 únicamente regulaba el actuar fiscalizador
de la entidad pública. Por ello, la Ley 31876 buscaba establecer nuevos
criterios técnicos que permitan evaluar el proceso de administración pública y
así evitar que la ejecución de obras a cargo de municipalidades y gobiernos
regionales no terminen de satisfacer las necesidades de los contribuyentes.