Existen proyectos
con aprobaciones y permisos que cumplen con los estándares de calidad en diseño
urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible, que fueron
paralizados bajo excusas que se pueden considerar barreras burocráticas o
incluso, en algunos casos, llegarían a convertirse en extorsiones o potenciales
espacios de corrupción.
La oposición de
los alcaldes de algunos distritos generó la paralización de casi 400 proyectos
inmobiliarios valorizados en US$ 1500 millones, según información de la
Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI). La situación resulta
preocupante considerando que la inversión inmobiliaria es uno de los motores
que puede mejorar la economía del país, más aún frente a la recesión que
afrontamos. Es por eso que los alcaldes de los distritos deben esclarecer por
qué bloquean proyectos que tienen todos los permisos y, por otro lado, aprueban
o permiten operar a proyectos que tienen las mismas características o, incluso,
cuestionamientos válidos.
El presidente de
la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, recordó que, en
junio de 2023, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la Vivienda de
Interés Social’ (VIS) “y si bien, a partir de ahora, la norma tendrá varios
cambios, no se puede atentar contra proyectos que tenían licencias aprobadas y
cumplían con todos los parámetros. La ley no puede aplicarse hacia atrás, se
aplica hacia el futuro. El mismo Tribunal lo dijo, no se puede retroceder al
estado anterior a este modelo de vivienda”.
En esa línea,
Beteta saludó los comentarios realizados por Hania Pérez de Cuellar, titular
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en el CADE
Ejecutivos 2023 pues afirmó que no se puede “parar por municipios que se oponen
al reglamento de vivienda social”. “Vamos a buscar un mecanismo de solución
para que la VIS, que es uno de los principales temas en agenda”, remarcó.
Por su parte,
Beteta recomendó cambiar el término “Vivienda de Interés Social” a “Vivienda
Asequible y Sostenible” (VAS), para jóvenes, emprendedores, familias pequeñas y
con cualidades de ahorro energético y protección del medio ambiente.
“Evidentemente, se debe evaluar las zonas que requieren este tipo de viviendas
y las municipalidades ahora tendrán nuevamente competencias en este sentido,
pero todo se soluciona con diálogo abierto y transparente. Los alcaldes deben
dejar que los proyectos aprobados y en regla continúen. Lo que no puede ocurrir
es que la inversión privada sea chantajeada, por lo bajo, por funcionarios o
autoridades que inclusive al parecer estarían solicitando coimas para permitir
que las construcciones reinicien”, agregó.
Cabe recordar que
el MVCS y el sector privado tienen iniciativas para construir 136,000 viviendas
en el 2024, para lo cual destacó también el papel crucial que desempeñará la
modalidad de Obras por Impuestos (OxI) en esta misión trascendental.
En tanto, sobre
las Asociaciones Público Privadas (APP), Beteta comentó la importancia de esta
modalidad para financiar obras de saneamiento. “Desde el MVCS indicaron que en
cartera se encuentran 17 proyectos de saneamiento bajo APP con diferentes
niveles de maduración en Proinversión. Creemos que la revisión y reevaluación
de estos proyectos son parte de la estrategia en curso, que tienen el objetivo
de acelerar o eliminar procesos engorrosos y promover la inversión privada en
proyectos de saneamiento”, enfatizó.