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La
ONG señaló en su documento que las consecuencias fatales de las violentas
marchas fueron motivadas por “un marcado sesgo racista por parte de las
autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente
discriminadas”. ¿Realmente fue así? Elizabeth Zea, especialista en DDHH, expuso
las inexactitudes del informe.

El informe publicado por la ONG Amnistía Internacional de Derechos
Humanos sobre las violentas protestas que se registraron a inicios del 2023 es
un documento con serias inexactitudes que configuran erróneamente lo ocurrido
el pasado 7 de diciembre.

En primer lugar, nunca se menciona el autogolpe de Estado de Pedro
Castillo o el proceso constitucional de vacancia en su contra por incapacidad
moral permanente. Asimismo, tampoco se hace énfasis en las muertes provocadas
por las brutales manifestaciones y, por el contrario, califican el trabajo de
la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas como desproporcionado
y letal.

El referido informe también cuenta con frases que sindican a las fuerzas
del orden como agentes que actuaron con el único objetivo de “silenciar y
castigar a quienes se manifestaban”. En el mismo sentido, se afirma que durante
el despliegue policial hubo “graves violaciones de derechos humanos y crímenes
bajo el derecho internacional”, incluso, cuando fueron los propios
manifestantes quienes quemaron sedes judiciales y fiscales, aeropuertos y
pequeños y medianos negocios locales al exigir la liberación del exmandatario,
la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una
Asamblea Constituyente.

Otro punto importante de este documento es donde se afirma que las
consecuencias fatales de las violentas marchas, promovidas por un sector
radical, fueron motivadas por el racismo letal, concluyendo que “el uso de la
fuerza letal por parte de los elementos de seguridad peruanos se empleó de
manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima, la capital del país,
y que las muertes registradas durante las protestas sugieren un marcado sesgo
racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones
históricamente discriminadas”.

Pero, ¿realmente fue el “racismo sistemático? Elizabeth Zea, abogada
especializada en derechos humanos, señaló a Vigilante.pe que lo documentado en
el informe son solo inexactitudes que no muestran la verdad de lo ocurrido hace
apenas algunos meses.

De acuerdo a lo mencionado por la especialista, Amnistía Internacional
no es capaz de mencionar que Pedro Castillo dio un golpe de Estado al desconocer
por completo las instituciones públicas y democráticas del país. Por el
contrario, deciden denominar su salida del poder como “destitución y arresto”
del exmandatario.

“Las conclusiones no se alejan mucho a las conclusiones del informe de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al afirmar que el uso
desproporcional de la fuerza se debe a un racismo letal. Así lo manifiestan,
porque las víctimas son de origen rural andino, lo cual quiere decir que las
fuerzas del orden ejercieron un uso indiscriminado de la fuerza en razón al
origen de estas personas. Pero sabemos que no fue así”, comentó.

Respecto a si este documento fue redactado bajo la misma línea editorial
que el informe de la CIDH, Zea aseguró que no es difícil reconocer la existencia
de un marcado sesgo ideológico en ambos escritos, debido a que existen ciertas
incoherencias que ambos contenidos comparten entre sí. Una de ellas se basa en
reconocer las muertes de los manifestantes como “ejecuciones extrajudiciales”,
incluso, cuando las investigaciones aún continúan su curso y ni la Fiscalía o
el Poder Judicial han determinado estas muertes como tal.

“Hay un claro sesgo político. Definitivamente, esto no suma al
esclarecimiento de los hechos. Porque, más allá de las investigaciones que debe
hacer la Fiscalía en torno a las muertes de estos peruanos en medio de los
enfrentamientos, se olvidan de las causas de estas protestas. Estos dos últimos
años hemos vivido en medio de un contexto de conflictividad a causa del señor
Pedro Castillo, quien no respetó la Constitución el 7 de diciembre al dar un
golpe de Estado. No decirlo claramente en un informe, el cual debería defender
los derechos humanos, debilita la legitimidad del mismo”, agregó.