La iniciativa buscaría
promover la economía dando beneficios a varios sectores, pero en realidad sería
perjudicial para el país pues existen serias observaciones desde el punto
económico, legal, constitucional y político. Aquí lo explicamos.
No son una, no son
dos, ni son tres. Son varias las preocupantes y peligrosas medidas que se
proponen en la iniciativa legislativa “Nueva Ley de
lndustrias”, presentada por el congresista José Jerí
y apoyada por la Sociedad Nacional de Industrias, presidido por Jesús Salazar
Nishi. En la iniciativa se beneficia, al principio, ocho sectores, alimentos y
agroindustria; pesca y acuicultura; textil y confecciones; industria naval;
energías renovables y electromovilidad; proveedores de la minería; TIC y
comunicaciones y forestal. Sin embargo, conforme la ley avanza se incluyen
otros: Industria del conocimiento y servicios intelectuales, industria
construcción y la industria relacionada con los medicamentos y sanidad.
Es esencial generar un impulso económico, más cuando aún
nos afecta las situaciones negativas que nos dejó la pandemia, la negligencia
del Estado para promover la economía y, ahora, la recesión. Sin embargo, para
generar este impulso hay que tener mucho cuidado, pues leyes que se puedan
aprobar en el Congreso, como esta, no solucionarán ninguno de los problemas que
nos afecta, sino, por el contrario, podría recrudecerla a mediano plazo.
El director de la Asociación de Contribuyentes, José
Ignacio Beteta, analizó el proyecto de ley y detalló algunos puntos que generan
preocupación y, por lo cual, la iniciativa de Jerí sería es peligrosa. Desde el
ángulo económico, por ejemplo, lo que hace el proyecto es promocionar la
industria nacional, pero al promover tantos sectores productivos, termina
siendo demasiado costosa para el Estado. Es decir, el dinero que dejará de
entrar por las exoneraciones que se proponen producirá que la recaudación sea
menor. La proyección estimada de pérdida asciende a 15 mil millones de soles
por año; 13% de la recaudación de Sunat.
Además, al beneficiar a tantas empresas, lo que generará
es que la Sunat no pueda hacer efectiva la supervisión de todos los beneficios
que brinda la ley. Así, lo que sí sucederá es que, con la finalidad de poder
controlar esta nueva ola de beneficios, la Sunat tendría que ser más rigurosa,
más dura, abusiva, grande y costosa. Todo con la finalidad de vigilar esta
medida. A ello se suman las exoneraciones tributarias territoriales, dirigidas
a la selva y sierra, las cuales, según especialistas, no han tenido un efecto
positivo.
Otro punto resaltante es que el documento no calcula el
costo económico de la ley. En ese sentido, la principal entidad económica del
país, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), está en la obligación de
solicitar una opinión sobre la iniciativa de Jerí al Consejo Fiscal. Este será
un importante punto de partida para analizar el proyecto.
A propósito de este punto, es esencial saber que si se
plantean modificaciones tributarias, como es el caso, se necesita un informe
vinculante del MEF. Es decir, que antes que el Congreso apruebe o no este
proyecto, se debe aprobar el informe. De lo contrario sería ilegal. Por otro
lado, el proyecto también tiene observaciones desde el ámbito constitucional,
pues viola los artículos 63 y el artículo 79 de la Constitución. El primero
señala que las empresas son iguales, ya sea privada o pública; y el segundo,
que existen restricciones en el Gasto Público.
Si existen observaciones económicas y constitucionales,
naturalmente también las hay desde el análisis político. Es decir, un gremio no
puede ir al Congreso a sacar una ley, porque eso es, en materia económica,
responsabilidad del MEF o del Ejecutivo. Entonces, lo que está haciendo una
parte del empresario es saltarse al gobierno y a las entidades técnicas para ir
al Congreso y pedir que se apoye un proyecto de ley peligroso. En esa línea,
los canales adecuados son también el Consejo Nacional de Competitividad, la
Presidencia del Consejo de Ministros, la Sunat y otras entidades.
Teniendo en cuenta esta preocupante situación, es vital
abrir un camino de diálogo pues, además, existe la oportunidad para hacer
reformas que sostengan la economía, a las industrias y los contribuyentes a lo
largo del tiempo.