La Nueva Ley de
Industrias podría beneficiar a empresas que no necesitan privilegios
tributarios además de generar espacios de corrupción en regiones.

Apoyar la
industria peruana es necesario, especialmente en tiempos difíciles y con un
gobierno estático y paralizado por el miedo. Sin embargo, “Nueva Ley de
Industrias” promovida por el congresista José Enrique Jerí y apoyada por la
Sociedad Nacional de Industrias, no parece ser la solución a un problema, sino
un problema mucho más grande.

La ley Jerí
inicialmente prioriza ocho sectores: alimentos y agroindustria, pesca y
acuicultura, textil y confecciones, industria naval, energías renovables y
electromovilidad, proveedores de la minería, TIC y comunicaciones, y forestal.
Sin embargo, a medida que la ley evoluciona, se añaden sectores que no
necesitan beneficios tributarios o económicos. Por ejemplo, se plantea exonerar
de impuestos a la industria de los autos eléctricos, pero hoy no existen
empresas peruanas que los produzcan. La industria de la electromovilidad
requiere su propia política (ver gráfico).

Esta ley plantea
la creación de un Fondo de Desarrollo Industrial, que opera a través de
garantías y créditos directos. Sin embargo, experiencias pasadas con
actividades estatales en el sector bancario han demostrado su alto costo y
absoluta inutilidad.

La iniciativa
promovida públicamente por la Sociedad Nacional de Industrias – SNI plantea un
tratamiento privilegiado a las empresas nacionales, entre otras cosas, para
procesos de contratación con el Estado. Esto es inconstitucional, ahuyenta la
inversión privada y desincentiva la competencia y la innovación, haciendo que
el perdedor sea el cliente final.

La ley
intensifica las exoneraciones tributarias territoriales, en la selva y en la
sierra altoandina, por ejemplo. Existen diversos estudios que demuestran que
estas exoneraciones no han servido para combatir la pobreza, formalizar o
incrementar la inversión. Pero lo peor es que algunas exoneraciones ya
existentes generan distorsiones graves.

Por ejemplo, la
exoneración de impuestos a los combustibles no ha favorecido el desarrollo
industrial en la selva y, por el contrario, ha hecho que vengan de otros países
a comprar combustible en Perú (ver gráfico).

La creación de
zonas económicas especiales manejadas por los gobiernos regionales es una
pésima idea. La mayoría de gobernadores afronta procesos judiciales o está en
la cárcel, y es conocido como gobiernos regionales y locales no hacen más que
extorsionar al empresariado o coludirse con él para robar.

Finalmente darle
beneficios tributarios a quienes contraten colaboradores con grados de doctor o
magíster, además de ser discriminatorio, fomentaría un mercado “bamba” de
títulos que no agregarán ningún valor a la industria y que SUNEDU no será capaz
de supervisar. Las críticas podrían continuar, pero nos falta espacio. En
resumen, así redactada, esta ley es una reforma demasiado amplia, sin sustento
técnico, inconstitucional e ilegal en varios aspectos, carísima para los
contribuyentes, que puede generar mercantilismo y corrupción.

¿Qué congresista
estaría de acuerdo con esto? Esperamos que ninguno, aunque…