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MINERÍA ILEGAL TAMBIÉN GANA TERRENO EN HUAMACHUCO

 

Mientras la Policía y el Ministerio Público  están dinamitando socavones en la provincia de Pataz, los mineros ilegales han vuelto a operar y expandir sus territorios  en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión,  poniendo en riesgo a las comunidades aledañas y al medioambiente. 

Los pobladores piden que también se intervenga en Huamachuco donde a vista y paciencia de las autoridades, el ejercicio de la minería ilegal se incrementa nuevamente. Incluso, es preocupante que en las operaciones ilegales aún haya presencia de menores de edad, advirtieron. 

A pesar de las amenazas de quienes ejercen minería ilegal en la zona, apoyados por ronderos de dudosa reputación, se han podido obtener fotos de menores de edad en zonas donde el cianuro y la dinamita se camuflan en bosques. También han detectado la presencia de  nuevos socavones en el caserío de Shiracmaca. 

No es fácil registrar fotos en la zona. Se corre el riesgo de recibir perdigones o balas de quienes cuidan los accesos. Las autoridades no recorren la zona. Se ha visto en los puntos donde se esconde cianuro y material explosivo un aumento de actividad que hace unos meses no existía. “Huamachuco está nuevamente en peligro. Y quienes fueron erradicados utilizan nuevos rostros para seguir operando con impunidad ”, lamentó un  comunero. 

La Policía no hace nada frente a esta problemática. El pretexto es que no hay personal, ni recursos suficientes para frenar a los ilegales. “También los mineros ilegales hacen correr fajos de dinero para comprar  el silencio en Huamachuco y Quiruvilca, localidades donde han aumentado las operaciones de minería ilegal  y no son atendidas por las autoridades por la total atención que recibe Pataz”, manifestaron.

Los pobladores temen que Huamachuco se convierta al igual que Pataz, donde cada día  crece la ola de violencia. Las personas desaparecen, hay asesinatos y extranjeros caminan por las calles principales mostrando sus armas para mantener el control de las zonas donde se extrae oro, amenazan impunemente a los ciudadanos y a los ronderos. 

Estos últimos, acostumbrados a ejercer presión sobre las mineras de la zona para obtener beneficios, se han visto desplazados por vándalos de nacionalidad venezolana. Por esa razón, cuestionan ahora la presencia de empresas mineras y exigen la expulsión de venezolanos indocumentados. Para muchos, los ronderos solo quieren recuperar las dádivas que ahora tienen los delincuentes extranjeros que utilizan armas de guerra y explosivos.

Ante ello, instaron que lo primero que se debe hacer en la sierra liberteña es imponer una rotación constante del personal policial asignado en las zonas mineras como Pataz, Quiruvilca y Huamachuco. E integrar, si es posible, a miembros del Ejército para imponer la ley. Asesinatos, extorsión, amenazas a la población y explotación laboral, incluso infantil, son problemas que se acrecientan diariamente en el ande liberteño. 

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