El economista
cuestionó que la ley busque privilegiar el tratamiento a las empresas
nacionales: “Es una pésima idea porque nos lleva a un mal uso de los recursos
públicos. Los impuestos que se recaudan debe usarse de la mejor manera posible
para conseguir el mayor valor que se pueda por el dinero que se gasta”.

Tras la
presentación de la iniciativa legislativa que promueve una “Nueva Ley de
Industrias”, la cual plantea un paquete de reformas públicas que “benefician” a
nivel tributario a empresas del sector con exoneraciones y bonificaciones,
expertos en materia económica se pronunciaron al respecto para comentar cómo
este proyecto de ley pone en jaque el crecimiento de Producto Bruto Interno
(PBI) nacional, pues no incentiva la formalidad laboral ni la inversión privada
en regiones.

Es esencial
conocer los detalles de esta iniciativa y por qué puede ser dañina para el
país. Por eso, la Asociación de Contribuyentes del Perú realizó un
conversatorio donde participó el reconocido economista Iván Alonso, quien
detalló lo negativo de la ley y aseguró que promoverla es una “involución de 30
años”.

“Lo que busca es
renta para algunos industriales. Debería descartarse y no reemplazarse por algo
parecido. Es una mala ley. Es una involución de 30 años, que nos regresa a los
ochenta o, incluso, a los setenta con beneficios tributarios, con incentivos de
todo tipo para una gran cantidad de sectores, más sus clientes y proveedores.
Es una de las peores leyes que se ha propuesto en muchos años”, sostuvo.

En esa línea,
cuestionó que de un sector político se use la “recesión” como argumento para
respaldar la ley. “La salida de la recesión es una excusa para la ley. Es una
aparente justificación. Es una ley que todavía va a aprobarse y que si sucede
tendrá efectos en uno o dos años. Entonces es claro que no nos va a sacar de la
recesión, pues esta terminará antes. Además, es una ley que busca ser efectiva
en promover un incentivo a la industria, pero a costa de otras actividades. No
crean valor, sino que la destruyen”, agregó.

Cabe mencionar
que uno de los puntos de la ley busca privilegiar el tratamiento a las empresas
nacionales, por ejemplo, en procesos de contratación pública. “Es una pésima
idea porque nos lleva a un mal uso de los recursos públicos. Los impuestos que
se recaudan debe usarse de la mejor manera posible para conseguir el mayor
valor que se pueda por el dinero que se gasta”, añadió.

En tanto, sobre
el enfoque territorial de la ley que se presenta como solución, Alonso remarcó
que es “mala idea”. “Uno puede decir que en una zona se puede hacer por
actividad, peor qué sucede si se descubre nuevos recursos. La economía es
dinámica, entonces hablar de territorio no es el criterio adecuado para guiar a
dónde debe estar la inversión”, dijo.

Otro punto es la
banca de fomento que se impulsa en la ley. Sobre ello, el economista insistió
que no es un buen uso de los recursos públicos, dar ese tipo soporte o
facilitar el crédito a actividades que no pueden conseguirlo en un mercado
financiero competitivo. “Tenemos un mercado financiero que ha crecido mucho,
los volúmenes de empresa de todo tamaño y tipo se han multiplicado. ¿Por qué
tenemos que insistir con garantías estatales para financiar negocios que, tal
vez, no sean prometedores?”, acotó.

Sobre la amplitud
de la ley, Alonso alertó que “cuando son tantos los sectores, los incentivos a
un sector y al otro se canibalizan entre ellos, se anulan. Esta proliferación
de beneficios que hacen inmanejable la política fiscal, es casi imposible
calcular el efecto neto de todos estos beneficios”.

Finalmente, sobre
la propuesta de devolverle el 25% de los impuestos prácticamente a cualquier
empresa con tal que contraten doctores o magíster, y el 50% de los impuestos a
las MiPymes que contraten a personal con estos grados académicos, señaló que no
hay motivo para dicha devolución porque “esos profesionales, presumiblemente,
están generando para las empresas más valor de los que se les paga. Sus empleos
deberían justificarse por sí mismo sin necesidad de una devolución de
impuestos. A la larga, esto también generaría es una incentivo para que
cualquiera sea doctor, y tenemos tantas universidades rigurosas en el
otorgamiento de títulos que en pocos años seremos un país de doctores”.