Escribe: Raúl Rosales León, antropólogo.

Actualmente, el Congreso de la República se encuentra en el ojo de la tormenta por los escándalos sobre una presunta red de prostitución, el asesinato de una ex trabajadora del Congreso asociada a dicha red y la acusación de un congresista por violación sexual.

Frente a los cuestionamientos de diversos sectores sociales y políticos, la administración del Poder Legislativo, por medio de un mensaje, hizo recordar el código de vestimenta del personal prohibiendo el uso de diferentes prendas de vestir como son las minifaldas.

La prohibición de las minifaldas como una medida para prevenir los actos delictivos por connotación sexual lanzó más gasolina al fuego del escándalo en el Parlamento.

En ese contexto, Ángela Teresa Hernández, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hizo un llamado sobre el trasfondo de dicha medida: “¿Qué quiere decir?, ¿que las mujeres provocamos situaciones de violencia contra nosotras si usamos tal o cual prenda?”. 

Asimismo, la Congresista Susel Paredes cuestionó dicha medida señalando: «esto es una cuestión de respeto, las personas pueden vestirse como deseen».

El Congreso de la República al enfocar sus medidas en prendas de vestir está dejando de lado el machismo que es el principal factor que origina los casos de violencia contra la mujer. 

Un dato a destacar consiste que desde la Comisión de Mujer y Familia los grupos políticos conservadores de derecha e izquierda están haciendo retroceder las políticas de igualdad de género en el Perú, lo cual reduce la lucha contra el machismo.  

Sigue pendiente el diseño y aprobación de una política nacional de masculinidades igualitarias para prevenir y erradicar la cultura machista en el Perú en sus tres niveles de gobierno nacional, regional y local. 

Este reto no empieza de cero porque se tiene como referente de buena práctica al Gobierno Regional de Piura que a través de la Ordenanza Regional N° 505 – 2024/GRP-CR declaró de prioridad e interés regional la incorporación del trabajo con hombres para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del Grupo Familiar en el marco de la Ley N° 30364.