Para el presidente del Consejo Regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, los hitos de control en los proyectos que se ejecutan con recursos del Tesoro Público deberían estar exclusivamente a cargo de la Contraloría General de la República, evitando que los gobiernos subnacionales también dediquen presupuesto para estas labores.
Las instituciones y los organismos que forman parte del Estado tienen su propio sistema de control interno (SCI) y su órgano de control institucional (OCI), que, aunque con objetivos diferentes, están relacionados con la fiscalización de los recursos destinados a proyectos de inversión pública.
Las entidades con menor presupuesto tienen dificultades para implementar esta herramienta de gestión que contribuye a mejorar los procesos estratégicos en las operaciones internas y en la toma de decisiones, ayudando a minimizar riesgos durante los procesos de inversión.
“Es indispensable la fiscalización para combatir el tema de la corrupción y la ejecución de obras mal hechas, pero algo no está caminando bien en la administración pública al generarse duplicidad de funciones”, dijo Cadenillas.
Durante la ejecución de proyectos de infraestructura pública los gobiernos regionales o las municipalidades contratan a personal para la supervisión, quienes intervienen de manera independiente, pero son pagados con dinero del Tesoro Público.
Pero no tiene sentido que se tenga fiscalizadores, supervisores o inspectores por parte de los gobiernos subnacionales y también de la Contraloría General de la República para un mismo proyecto, como viene ocurriendo, señaló.
Se están direccionando mal los recursos económicos. Es cierto que se debe combatir la corrupción en la ejecución de proyectos y garantizar que las obras se hagan de la mejor manera, pero creo que algo no está caminando bien. Se tiene que optimizar el uso de los recursos de fiscalización, recalcó.
Para Cadenillas, una salida podría ser que la Contraloría se dedique exclusivamente a fiscalizar estos proyectos. “No se puede estar distrayendo recursos contratando personal para fiscalizar un mismo proyecto por parte de la Contraloría y de las instituciones a cargo de las obras.
Creo que las supervisiones a nivel nacional, sea para hacer observaciones, dar recomendaciones o incluso sancionar, deben estar a cargo de la Contraloría. Este organismo tiene que encargarse exclusivamente de los hitos de control, de tal manera que no se duplique el gasto de los escasos recursos públicos, sostuvo.
La Contraloría tenía un 2% de presupuesto del total de las obras para fiscalización, pero el Congreso de la República está trabajando en una norma para reducir ese porcentaje al 0.5%. La norma aún no entra en vigencia, pero es algo que debería revisarse bien.
“Todo acto de fiscalización es bueno, porque lo que se busca finalmente es que los proyectos se ejecuten de acuerdo a los expedientes técnicos y sin corrupción. Esto ayuda a optimizar los recursos y lograr una gestión financiera, administrativa y ejecutora más eficiente, señaló finalmente.
