UN LLAMADO A PRIORIZAR LA SEGURIDAD, LA PREVENCIÓN Y LA REACTIVACIÓN DEL PAÍS

El Perú inicia una nueva etapa con la juramentación de la presidenta de la República, Keiko Fujimori. El contexto actual exige decisiones firmes y oportunas. El país enfrenta desafíos que no admiten más postergaciones, por lo que resulta indispensable que el nuevo Gobierno concentre sus esfuerzos en tres prioridades nacionales que tendrán un impacto directo en la seguridad de los ciudadanos, la recuperación de la confianza y el crecimiento económico.

1. Prevención frente al Fenómeno El Niño

Las alertas emitidas por especialistas y organismos técnicos sobre la posible ocurrencia de un Fenómeno El Niño de gran magnitud obligan al nuevo Gobierno a actuar con celeridad y sentido de urgencia, dado el rezago en inversión y acciones de prevención que se registró en el último gobierno. La prevención debe convertirse en una prioridad nacional y traducirse en decisiones concretas que permitan reducir la vulnerabilidad de miles de peruanos, especialmente en las regiones del norte del país.

En el caso de La Libertad, resulta impostergable que el Gobierno disponga la asignación inmediata de los recursos necesarios para culminar el proyecto Quebradas San Ildefonso y San Carlos. Esta obra representa la principal infraestructura de protección frente a inundaciones y huaicos para más de 800 mil ciudadanos de siete distritos de la provincia de Trujillo, por lo que su culminación no admite más retrasos. Asimismo, es fundamental concluir componentes estratégicos como San Carlos, las intervenciones en el río Moche y el puente Conache, garantizando la operatividad integral del proyecto. Otros puntos de tratamiento urgente son las cuencas de los ríos Chicama y Virú.

2. Seguridad ciudadana

La inseguridad continúa siendo el principal problema que afecta a los ciudadanos y a la actividad empresarial. En regiones como La Libertad, la extorsión, el sicariato y la minería ilegal han debilitado la inversión, el empleo y la tranquilidad de miles de familias.

Asimismo, es prioritario fortalecer las capacidades tecnológicas y de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, y una coordinación efectiva con la Fiscalía, el Poder Judicial, la SBS, entre otros organismos. Para enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales, debilitando tanto sus estructuras operativas como sus fuentes de financiamiento.

En paralelo, urge intensificar la lucha contra la minería ilegal mediante un mayor control de la trazabilidad del mineral, el fortalecimiento de la inteligencia financiera y una intervención decidida en zonas críticas como Pataz, protegiendo la minería formal, el empleo y el desarrollo económico de la región.

Finalmente, resulta necesario promover acuerdos de trabajo entre el Estado, las principales empresas operadoras de telecomunicaciones y las instituciones responsables de la seguridad, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control sobre la comercialización y activación de líneas móviles, reduciendo los espacios de anonimato que hoy aprovechan las organizaciones criminales para cometer delitos como la extorsión.

3. Reactivación económica y estabilidad macroeconómica

El Perú cuenta hoy con una oportunidad para fortalecer su economía gracias al favorable contexto internacional de los precios de los minerales. Este escenario debe aprovecharse para impulsar inversiones que incrementen la competitividad del país y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese sentido, resulta fundamental destinar mayores recursos al cierre de brechas de infraestructura, al destrabe de proyectos estratégicos y al impulso de asociaciones público-privadas que aceleren el desarrollo nacional.

Finalmente, es necesario preservar la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal, priorizando el gasto en inversión pública por encima del gasto corriente y promoviendo una coordinación responsable entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para evitar iniciativas que comprometan la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad política.

El inicio de una nueva gestión representa también una oportunidad para recuperar la confianza de los ciudadanos y sentar las bases de un desarrollo sostenible. El éxito del país dependerá de la capacidad de convertir estas prioridades en acciones concretas y resultados tangibles. Desde el sector empresarial se continuará promoviendo propuestas y manteniendo una disposición permanente al diálogo, con la convicción de que solo mediante un trabajo articulado entre el Estado y la iniciativa privada será posible construir un Perú más seguro, competitivo y con mayores oportunidades para todos.