Imágenes aéreas captan reactivación de socavones y pozas de cianuración a pocas semanas de intervención policial. Preocupa el silencio de autoridades locales frente a estas actividades
A menos de dos meses de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en los caseríos de Shiracmaca y Coigobamba, en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, nuevas evidencias dan cuenta de la reactivación de labores vinculadas a la extracción y procesamiento ilegal de oro en sectores que ya habían sido intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP).
Durante el último operativo de interdicción, un contingente de alrededor de cien efectivos policiales destruyó campamentos clandestinos, socavones y pozas de procesamiento ilegal de mineral. Además, incautó gran cantidad de material explosivo que suelen desviar hacia las organizaciones criminales. La magnitud del operativo hacía pensar que las actividades ilegales habían recibido un golpe importante.
Sin embargo, apenas unas semanas después, nuevos registros obtenidos mediante drones muestran que parte de la infraestructura clandestina habría vuelto a operar en sectores previamente intervenidos por la PNP. La rapidez con la que vuelven a operar evidencia la alta capacidad económica y logística de estas mafias mineras.
Las imágenes aéreas permitieron identificar socavones ocultos entre plantaciones y la reactivación de pozas de cianuración empleadas para el procesamiento del mineral cercanas a campos de cultivo. Esta situación vuelve a generar preocupación debido al potencial riesgo de afectación de los recursos hídricos, los suelos y los cultivos de las comunidades de Huamachuco.
Pobladores consideran necesario que las investigaciones no se concentren únicamente en los puntos de extracción, sino que alcancen también a las cadenas de financiamiento, abastecimiento de insumos y comercialización que permite sostener el negocio ilegal. En la zona también se han recogido denuncias y versiones que identifican a distintas personas que estarían presuntamente vinculadas con actividades mineras ilegales. Entre los nombres señalados figuran Elías, Eugenio., los hermanos Carranza, Eusebio y Arturo.
Un silencio preocupante
Los pobladores cuestionan la falta de accionar de las autoridades y organizaciones competentes. Entre ellas, las Juntas de Usuarios de Agua, que resulta necesario conocer qué acciones han adoptado frente a la existencia de pozas de cianuración cercanas a terrenos agrícolas y canales de regadío. Más delicadas aún son las versiones recogidas en la zona sobre presuntos vínculos entre algunos integrantes de organizaciones locales y personas relacionadas con la minería ilegal.
Hasta el momento, la reacción de las autoridades locales frente a la reactivación de las labores ha sido limitada. También se cuestiona la ausencia de una respuesta más visible de las entidades responsables de perseguir los delitos ambientales y fiscalizar las actividades que puedan afectar los recursos naturales.