Reportes policiales y denuncias de pobladores alertan sobre la reapertura de socavones ilegales, la contaminación de la reserva natural de Huaylillas, canales de regadío y la presencia de organizaciones que operarían en distintos caseríos de la provincia de Sánchez Carrión.

La expansión de la minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para el medioambiente y la seguridad en el país. Uno de los focos de mayor preocupación se encuentra en la región La Libertad, particularmente en las provincias de Sánchez Carrión y Pataz, donde la presencia de organizaciones vinculadas a la minería ilegal ha incrementado los niveles de violencia e inseguridad y amenazan con expandirse.

En Huamachuco (Sánchez Carrión), recientes labores de monitoreo policial detectaron un preocupante rebrote de la minería ilegal en diversos caseríos del distrito, en donde se creía que se había erradicado a las mafias mineras. Según los reportes, esta actividad estaría generando severos impactos ambientales, entre ellos la contaminación de las lagunas de la reserva natural de Huaylillas y de varios canales de regadío utilizados por las comunidades agrícolas.

Las inspecciones habrían identificado nuevas operaciones en el caserío de Shiracmaca y los sujetos que estarían detrás. Según información, un grupo, presuntamente liderado por un tal Héctor Pérez, estaría acopiando mineral extraído de un socavón que pertenecería a Rodríguez Peña. Asimismo, se reportó la existencia de otros cuatro socavones que serían operados, presuntamente, por los hermanos Carranza junto a un individuo conocido con el alias de «Chiqui». En las inmediaciones del caserío se habrían registrado además 17 pozas activas.

Pobladores también señalaron que otra operación ilegal estaría siendo desarrollada por un sujeto identificado como Arturo Mendoza, quien presuntamente manejaría 11 pozas cercanas a áreas de cultivo. Los pobladores afirman que no pueden hacer nada ni denunciar ante las amenazas que reciben por intermedio de delincuentes.

En tanto, en el caserío de Coigobamba también se habrían detectado movimientos considerados sospechosos en un predio perteneciente a Jorge Espejo. De acuerdo con los registros obtenidos durante el monitoreo, se observaron estructuras de madera, trabajos de techado con calamina y otros elementos que aparentemente ocultan algún ingreso bajo tierra, situación que deberá ser verificada por las autoridades correspondientes. 

Los reportes incluyen además la reactivación de 5 pozas atribuidas a un tal Eusebio, quien anteriormente fue relacionado con operaciones clandestinas en el bosque Polo y que causaban mucho daño por los explosivos y desechos que se arrojaban en los canales. La PNP ha recibido el aviso. Los comuneros les piden actuar para evitar la expansión de los mineros ilegales.

Según técnicos que monitorean la zona, existiría la intención de interconectar diversos socavones para facilitar la extracción ilegal de mineral, incrementando el riesgo ambiental y de seguridad. Mientras tanto, la preocupación entre las comunidades continúa creciendo. A este escenario se suman denuncias que dos aspirantes a la alcaldía de Pataz tendrían financiación de la minería ilegal. En esta localidad, como es de conocimiento público, los ataques delincuenciales no han cesado a pesar de la constante presencia policial y el estado de emergencia.