· Casos de certificados “delivery” se registraron en Junín, Ica, Áncash, San Martín, Cajamarca, Cusco, Huánuco y Pasco.
En un golpe contra la emisión irregular de Certificados de Inspección Técnica Vehicular (ITV), la SUTRAN, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su Procuraduría Pública, interpuso veinte denuncias penales por casos de certificados “delivery”, es decir, certificados emitidos sin que los vehículos hayan pasado revisión mecánica.
En este sentido, se presentaron diversas denuncias penales por la presunta comisión del delito de falsedad genérica y/o exposición al peligro en contra de los beneficiarios y en contra de los que resulten responsables por realizar esta actividad ilegal.
Hasta el momento son 20 casos registrados en ocho regiones del país: Junín, Ica, Áncash, San Martín, Cajamarca, Cusco, Huánuco y Pasco. Es preciso indicar que los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) tienen el objetivo de evaluar, verificar y certificar el buen funcionamiento de los vehículos; así como, comprobar el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional, con el fin de garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre.
Por ello, la Sutran invoca a los usuarios a acudir únicamente a establecimientos autorizados y que cumplen con el debido procedimiento en la revisión de los vehículos. Es así que, para verificar si un Centro de Inspección Técnica Vehicular (CITV) se encuentra autorizado, ingrese al siguiente enlace: https://rec.mtc.gob.pe/AutorizaEntiComplementarias/ArCITVConfiguracion
Finalmente, la presentación de un Certificado de Revisión Técnica Vehicular falso o que no se encuentre registrado en el sistema del MTC conlleva a la imposición de una multa equivalente al 50 % de una UIT, es decir, S/ 2575 para el conductor.
Estas acciones forman parte de las medidas administrativas y penales que toma la Sutran a nivel nacional y que reflejan el compromiso de la entidad de continuar con la lucha contra la corrupción y los delitos e irregularidades cometidas en los servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías.
