Para el gremio profesional representado por la Asociación de Sociedades de Auditoría del Perú – ASOAPE, es positivo que el nuevo contralor haya suspendido la eficacia del reglamento y del plan para la implementación de la ley que garantiza la autonomía y profesionalización de la Carrera del Auditor Gubernamental.
Lima, agosto de 2024.- La designación de César Aguilar, como Contralor de la República, y sus primeras acciones en el cargo, como la suspensión de la Ley N° 32064, que buscaba profesionalizar la Carrera del Auditor Gubernamental, ha generado un buen síntoma en el gremio profesional que integran las sociedades de auditoría en el Perú.
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Sociedades de Auditoría del Perú – ASOAPE, Mg. CPC Wencis Vigo Silva, manifestó la intención de diálogo abierto con el Contralor de la República por parte del gremio que lidera. “Consideramos que esta decisión es una buena señal con respecto a las mejoras que deberían efectuarse en la Contraloría General de la República. Buscamos generar una oportuna comunicación con el Contralor, César Aguilar, y fomentar el diálogo en cuanto a los aspectos técnicos que involucran al sector profesional de la auditoría gubernamental”, comentó Vigo Silva.
Cabe señalar que, el anuncio de la Contraloría, de suspender la Ley del Auditor Gubernamental, se da en el marco de una reducción del presupuesto para la ejecución del control recurrente, por lo que la decisión ha tenido un enfoque económico, puesto que la suspensión le evitará un gasto de más de S/. 1,600 millones en remuneraciones y beneficios sociales.
“En los últimos años se ha venido experimentando un mal empoderamiento en los funcionarios supervisores de la Contraloría, llegándose a confundir su rol de asistencia técnica al auditor gubernamental, por el de un fiscalizador que en algunos casos se impone de forma abusiva. Lo cual genera otra problemática que parte de este mal empoderamiento, que es la demora en los trámites de pagos por servicios profesionales y anulación de contratos unilateralmente, sin medir las consecuencias tanto en las entidades públicas auditadas, como en las sociedades de auditoría que ven retrasados sus procesos administrativos, teniendo en cuenta que para la realización de cada servicio se requiere una carta fianza, con fechas establecidas que aplican penalidades por este tipo de demoras. El gremio percibe que se han burocratizado demasiado los procesos de supervisión de auditoría gubernamental”, explicó el presidente de la Asociación de Sociedades de Auditoría del Perú – ASOAPE, Mg. CPC Wencis Vigo Silva.
La auditoría gubernamental es una rama de la contabilidad cuyo dictamen, sobre los estados financieros de las entidades del sector público, es un mecanismo apropiado para la rendición de cuentas de los funcionarios del Estado Peruano, por lo que es crucial para la lucha contra la corrupción.
“Hay aspectos que necesitamos dialogar con el Contralor, por lo que estamos buscando la forma de promover una mesa técnica, con una agenda concreta que hemos venido trabajando en la interna de nuestra asociación. Representamos a más de 70 sociedades de auditoría en el país, y seguimos creciendo porque la comunidad profesional de la auditoría, sea contable, financiera, gubernamental y en general todas sus ramas, necesita fortalecer su presencia institucional en los problemas trascendentales del país, como lo es la lucha anticorrupción”, mencionó Vigo Silva.
