Iniciativa de legislador permitiría que mineros ilegales depreden el medio ambiente en varias regiones del país

 Todo indicaría que el Congreso de la República es una Defensoría de la Minería Ilegal. Y basta con revisar hechos puntuales. Uno de ellos tuvo lugar el 30 de junio del 2021 cuando el Pleno aprobó los proyectos de ley 5706 y 5881 que proponían ampliar una vez más el plazo para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Lo hicieron sin realizar ninguna coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Defensoría del Pueblo y Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Para muchos ambientalistas, esa ampliación incentivaba realizar minería ilegal en varias regiones del país y depredar espacios ricos en biodiversidad. Para los analistas políticos este tipo de propuestas solo responderían a una obligación: pagar los favores que posibilitaron un cargo público.

Por eso quizás el congresista de Perú Libre, Jorge Marticorena, también impulsó el proyecto de ley 2519 -2021 que buscaba ampliar el plazo de inscripción para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta para validar actos de minería ilegal. Y también hubo proyectos que sustentó el congresista Eduardo Salhuana, un sujeto que tendría reconocidos vínculos con algunos gremios de la minería artesanal que utilizan esta condición para disfrazar sus actividades ilegales.

Benefician a minería ilegal

Ahora es el turno del parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi de Acción Popular, sindicado en su momento como uno de los “Niños” que apoyaban abiertamente al expresidente Pedro Castillo. Hace casi un mes “lo salvaron” de ser suspendido porque no se comprobó en ningún fuero, ni en la Comisión de Ética, su participación en esa gavilla cómplice.

Apenas fue blindado por los votos de la izquierda, Flores Ancachi volvió a la carga con sus proyectos de ley 3634 y la 3621 que “beneficiarían directamente” a quienes extraen minerales en forma ilegal. Una de estas iniciativas estaría amparando a los mineros ilegales con una “herramienta legal” aduciendo un proceso de formalización permanente sin el apuro de acabar su proceso de formalización en el Reinfo, cuya fecha límite es hasta finales del 2024.

Esto daría más oportunidad para que los ilegales sigan operando sin respeto alguno por las normas ambientales, laborales y tributarias establecidas por el Estado peruano.

No hay duda alguna que minería ilegal tiene espacio “ganado” en la política al comprobarse que congresistas estarían representando sus intereses. Y ha sido el Congreso de la República, durante los últimos años, la entidad que ha mostrado preocupantes signos de apoyo a la minería ilegal mediante la comisión especializada de Energía y Minas, hoy integrada por personas con desconocimiento en la materia. Además, no deja de llamar la atención que Eduardo Salhuana, asesor de gremios de mineros artesanales, figure otra vez entre los más entusiastas por una aprobación.