El consejero regional Robert de la Cruz Rosas, conocido fiscalizador de la gestión de Alianza para el Progreso (APP) en el Gobierno Regional de La Libertad, enfrenta un juicio penal por usurpación agravada, pese a que dos investigaciones fiscales concluyeron que no cometió delito alguno.
El Ministerio Público insiste en pedir entre 6 y 8 años de cárcel, en un caso que estuvo archivado dos veces y que, de manera inesperada, fue reactivado sin nuevas pruebas.
El proceso se sigue actualmente en el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, a cargo del juez Juan Conrrado Bendezu Villena, quien deberá decidir si De la Cruz, abogado y actual aspirante a la Municipalidad Provincial de Trujillo, será absuelto o enviado a prisión.
Para el consejero regional, no hay duda de que este proceso tiene motivación política por las denuncias que ha hecho públicas.
“Este proceso penal es una clara venganza política de APP por denunciar la corrupción en el gobierno del señor César Acuña. Están instrumentalizando a la justicia, como todos sabemos la única forma de quitar a tus ‘enemigos’ es llevándolos a juicio, no solo para silenciarme sino para privarme de mi libertad. En un estado de derecho no se puede judicializar la política. Exijo al Poder Judicial objetividad para resolver este proceso que no tiene sustento ni en los hechos ni en el Derecho”, puntualizó.
La base para sospechar de ello, de acuerdo a De la Cruz, recae en las graves denuncias de supuesta corrupción en la gestión del gobierno regional de La Libertad, de César Acuña Peralta, tanto en la obra Corredor Vial de Huanchaco, el Hospital de Virú, adjudicada al consorcio de la señorita Lucero Coca Condori; el Hospital Santa Isabel, supuestas sobrevaloraciones en la compra de patrulleros, motocicletas, implementos para los comedores populares, entre otras denuncias.
EL ORIGEN DEL CASO
El caso que amenaza su libertad se remonta al convulso periodo de pandemia, cuando la Municipalidad Provincial de Trujillo ejecutó operativos de limpieza en el mercado La Hermelinda. Las propias declaraciones de los denunciantes y los planos oficiales demostraron que la supuesta “usurpación” jamás ocurrió, y que los reclamantes habían extendido su negocio sobre un área de terceros, no sobre su propiedad.
Sin embargo, un giro procesal inesperado y una cadena de decisiones fiscales contradictorias lograron revivir un caso que ya tenía cierre definitivo.
Entre el 20 y el 25 de abril de 2020, mientras Trujillo enfrentaba restricciones sanitarias extremas, la MPT ejecutó tres decretos de alcaldía (17-2020-MPT, 20-2020-MPT y 25-2020-MPT) para desmontar estructuras ilegales en la zona de descarga del mercado La Hermelinda, identificada como foco infeccioso.
Las acciones contaron con maquinaria pesada, obreros municipales, Serenazgo y soldados del Ejército. En cuestión de horas, estructuras informales instaladas por los hermanos Ruiz Quezada quedaron destruidas. Los propios denunciantes no negaron la ocupación ilegal.
La municipalidad determinó que los hermanos Ruiz Quezada—Edgardo Ronal, María del Rosario, María Teresa, y Wilson Omar—se encontraba invadiendo la zona de descarga, por lo que la infraestructura que habían instalado fue destruida. Se enteraron de la medida edil por una mujer que hizo una transmisión en vivo por la plataforma de Facebook y que a pesar que fue citada por parte de Fiscalía a declarar hizo caso omiso, evadiendo en todo momento rendir su declaración por lo que nunca declaró ni participó en las investigaciones. Así nació la denuncia por usurpación agravada, presentada por el padre de todos ellos, Lizandro Ruiz de la Cruz. Una denuncia que fue realizada el 01 de octubre del 2020 en donde se aprecia que entre los denunciados no se encontraba Robert de la Cruz, por ese entonces regidor de la MPT.
El 30 de diciembre de 2020, la Fiscalía, a cargo del fiscal David Delgado Silva, abrió diligencias preliminares contra funcionarios de la MPT, en donde en un primer momento como se mencionó no se encontraba el ahora consejero como parte de la investigación. Durante las pesquisas fiscales, Lizandro Ruiz, el denunciante, admitió algo crucial: mis hijos tomaron posesión de los puestos, pero también extendieron su espacio hacia una zona administrativa de descarga que estaba vacía.
Su hija María del Rosario fue aún más precisa: Nos hemos extendido porque ese sitio estaba libre. Era zona de descarga. Esa confesión fue determinante: los denunciantes reconocieron haber ocupado un área que no les pertenecía. Sin embargo, Edgardo Ruiz Quezada insistió en señalar a Robert de la Cruz.
Los planos urbanos lo confirmarían después: el espacio intervenido —al menos 48 metros cuadrados— era parte de la zona denominada “administración”, propiedad de la Asociación de Comerciantes del Complejo Comercial Autogestionario – La Hermelinda de Trujillo. Dicho de otra forma: no área de posesión de los Ruiz. Pese a ello, un año después, el fiscal David Silva decidió ampliar la investigación contra el consejero Robert de la Cruz.
EN MANOS DE JUEZ
A pesar de muchas investigaciones y diligencias y lo ya narrado, el 22 de diciembre de 2021, el fiscal David Delgado Silva decide no proceder formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, en contra de funcionarios de la MPT, miembros de la junta directiva del mencionado mercado y el consejero Robert de la Cruz, absolviéndole de todo cargo. Su fundamento del fiscal fue contundente: los denunciantes habían extendido su construcción sobre terreno ajeno, específicamente sobre 48 m² de zona administrativa privada y, por lo tanto, no existía bien jurídico protegido en el delito de usurpación. Asimismo, el fiscal a cargo precisó que los denunciantes actuaron de manera dolosa y maliciosa aprovechando su propiedad y posesión de los stand A-68 y A75 para ampliar su edificación, por lo que decide archivar todo.
El caso debía haber terminar ahí. Y habría terminado ahí, si no fuera por un movimiento inesperado. Lo que parecía un expediente cerrado fue reanimado por un documento, presentado el 31 de diciembre de 2021 por la defensa de los agraviados: un recurso de queja contra la mencionada disposición fiscal que ponía fin al proceso, obligando a que el caso lo revise un fiscal superior. Es así que el caso cae a manos del fiscal superior Carlos Raúl Valdivia, de la Cuarta Fiscalía Superior Penal, quien ordenó que se reconsiderara la decisión, acogiendo la queja. En este caso, el fiscal superior penal obvió La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) que indica que las funciones del regidor son de fiscalizar, legislar y representar, pero no la de ordenar, pues no tienen esa capacidad dentro de un municipio. El 16 de mayo de 2022, el fiscal que había archivado el caso, David Delgado Silva, recibió orden superior y emitió una nueva disposición: formaliza y continuar nuevamente la investigación preparatoria contra todos los imputados, incluyendo a Robert de la Cruz. Esto, sin nuevas pruebas, sin nuevos actos de investigación, sin nuevos indicios.
En noviembre de 2022, el fiscal Delgado Silva volvió a su postura inicial: no había delito. Pidió el sobreseimiento (archivo nuevamente); sin embargo, el 28 de octubre de 2024, el juez Rosendo Pompeyo Vía Castillo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, emitió la Resolución N.° 18, declarando improcedente el sobreseimiento y lo eleva en consulta y, nuevamente, un fiscal superior ordena una acusación contra el consejero pidiendo que se le imponga pena de cárcel. Es decir, Robert de la Cruz Rosas ya está siendo sometido a juicio a pesar de que él nunca dio la orden para demoler nada, tal como se comprobó en las investigaciones fiscales, además no tenía ese poder de decisión al no ser el alcalde ni funcionario con la potestad de decidir en materia administrativa, pues esa no era su función. A ello hay que añadir que la propia Fiscalía concluyó en dos oportunidades que no existía el delito de usurpación. Y, de pronto, una denuncia archivada por falta de delito volvía a la vida, con el nombre de Robert de la Cruz Rosas dentro. El abogado podría acabar tras las rejas y fuera de campaña electoral. Lo más sorprendente es que como nunca antes el caso ha sido acelerado en la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Hoy el caso ya se encuentra en juicio en una etapa decisiva y a puertas de una sentencia absolutoria o condenatoria contra Robert de la Cruz. Todo está en manos del juez que tendrá la decisión final.