El viceministerio de Energía y Minas, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y algunos especialistas empujan la llamada “tarifa única” que subsidiaría a todas las grandes empresas a costa del incremento de la tarifa de los usuarios de Lima y Callao.

La Ley 679 de Masificación del Gas, aprobada el 14 de noviembre del año pasado generará un mecanismo de subsidio por el cual todos los usuarios de Lima y Callao pagaremos un extra en nuestros recibos de gas natural (aproximadamente un 2% extra) para colaborar con una distribución más veloz de este combustible en las regiones.

Con el extra que aportaremos se alimentará el Fondo de Inclusión Energética Social (FISE) que subsidiará razonablemente la tarifa de hogares, comercios pequeños e industrias medianas que consumen hasta 3,700 balones de gas diarios (50,000m3 al mes).

La ley 679 excluye del subsidio a las grandes industrias que superan ese consumo: empresas mineras, pesqueras, industrias alimentarias o de infraestructura que no lo necesitan. Además, al resguardar su focalización en los más pobres, protege los fondos para seguir subsidiando el consumo de Gas Licuado de Petróleo, que hoy en día es utilizado por más del 77% de hogares peruanos.

Con el subsidio focalizado y con topes de consumo, más empresas podrían competir en licitaciones futuras de infraestructura de redes de gas natural, evitando la concentración de mercado que hoy ya se percibe en este sector, en el cual solo dos empresas internacionales poseen el 97% de las acciones de todos los concesionarios privados a nivel nacional y son propietarias a su vez de Calidda, la empresa concesionaria de Lima y Callao.

La libre competencia en la distribución de gas natural permitirá que el Estado pueda comparar el desempeño de los privados, garantizará mejores precios para los consumidores finales, separará a la larga los negocios de distribución y comercialización generando en esta última actividad también mayor competencia, y evitará que se distorsionen las reglas de juego vigilando que los subsidios que se crean de forma extraordinaria sean usados para los más pobres.

¿Quién podría estar en contra de esta ley? En diciembre del año pasado fue observada por el Ministerio de Energía y Minas, en ese momento liderado por Oscar Vera, representante de Petroperú que se dedicó intensamente a tratar de “meter” a dicha empresa estatal a dedo en cuanto negocio de energía o hidrocarburos podía aparecer. Hoy Petroperú ha demostrado ser una empresa obsoleta en la cual no se puede confiar.

En segundo lugar, la Ley 679 fue observada bajo la presión de las empresas dominantes del sector, que quieren incluir en el subsidio a las industrias más grandes del Perú, con la intención de agrandar sus ganancias, y con la supuesta justificación de que, al tener mayores ingresos, podrían invertir más dinero en ductos y redes en otras regiones fuera de Lima.

Al respecto, hay que ser muy claros. El FISE ha conectado 1.1 millones de usuarios en Lima, mucho más rápido que el concesionario privado alcanzando el 65% de conexiones. Ha conectado más de 270,000 usuarios a nivel nacional solo en el año 2022 y su modelo de contratación es muy eficiente dado que puede hacerlo directamente con empresas privadas, evitando intermediarios y evadiendo ganancias de privados. Además, ni el Estado ni ningún actor regulador pueden obligar a los concesionarios actuales a usar invertir sus ingresos una vez que el dinero ya está en su cuenta bancaria.

La masificación del gas viene esperando años y si bien se trata de acelerar su desarrollo, no se puede justificar la creación de un “duopolio” totalmente antinatural con el argumento (no comprobado) que, si subsidiamos a todas las empresas sin tope alguno o con un tope muy alto, los concesionarios actuales tendrán más dinero para invertir en el tendido de redes y ductos. Cualquier monopolio distorsiona los precios, la regulación y genera incentivos perversos en su relación con el Estado.