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Minería ilegal se desborda: se habría lavado más de US$ 805,780,835 en 2023

La minería ilegal ganó terreno. Según datos de la SBS, la actividad ilícita habría movido entre 2020 y noviembre del 2023 alrededor de US$ 2,392.5 millones. En tanto, el gobierno nacional implementó medidas para evitar que siga creciendo.

Preocupante. La minería ilegal ganó un amplio terreno a nivel nacional durante el 2023. Desde el 2020 a 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), analizó 117 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), con lo que elaboró 12 Informes de Inteligencia Financiera.

Así,  hasta noviembre del 2023 se registró 75 ROS que evidenciaron que la práctica ilegal lavó activos por US$805,780,835, es decir, siete veces más que el 2022. Estos niveles se asemejan a las cifras registradas antes del inicio de la pandemia, cuando la minería ilegal logró mover más de US$977 millones por canales ilícitos.

DATOS A TOMAR EN CUENTA

La minería ilegal encabeza la lista de prácticas ilícitas que mayor cantidad de dinero mueve en el país, superando las faltas contra la administración pública, delitos aduaneros, delitos tributarios o el tráfico ilícito de drogas. Además, se estima que esta actividad ilícita ocupa más de 25 millones de hectáreas en todo el territorio peruano, especialmente en las regiones de Madre de Dios, Piura, La Libertad, Arequipa, Pasco, Ayacucho, Apurímac y Puno.

En 2020, se determinó que la extracción ilícita de minerales movió US$1,342,734,094 a través de canales informales. Un año más tarde, se reveló que se lavaron activos por un valor similar a US$110,500,000, mientras que, en 2022, esta cifra se elevó a US$133,448,188.

El exministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, recordó que existen 88,000 mineros inscritos en Reinfo, de los cuales 70 mil están suspendidos, porque no quieren cumplir con los temas ambientales y permisos mínimos. “Ahí es donde se está camuflando la minería ilegal”, dijo.

Por esta razón, es importante que los contribuyentes le exijan al gobierno contar con estrategias preventivas que cesen este tipo de actividades que solo petardean la inversión privada, la creación de empleo formal y el cuidado de nuestros ecosistemas. Un dato a tomar en cuenta es que los recursos para luchar contra la minería ilegal representan solo el 0.49% del presupuesto total para Orden y Seguridad.

ESTRATEGIAS PARA FRENAR LA MINERÍA ILEGAL

Hasta el momento, se conoce que el Estado está implementando una serie de medidas para evitar que la minería ilegal gane mayor terreno en Perú. Por ejemplo, se aprobó el Decreto Legislativo N 1607 a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para facultar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a sancionar directamente a aquellas personas que utilicen explosivos para extraer recursos.

Asimismo, se habilitó un plazo de 90 días para que las personas naturales o jurídicas inscritas en el padrón del Registro Nacional de Formalización Minera (REINFO) que cuentan con procesos suspendidos por más de un año, soliciten al Minem levantar dicha suspensión de manera inmediata tras cumplir con los requisitos necesarios.

De lo contrario, serán retirados del registro indefinidamente. Cabe mencionar que en 2023 se invirtió S/14,502,497 en la “Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal”, según el Portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía (MEF). Pese al millonario monto, 69,633 trabajadores ilegales y/o informales del sector están suspendidos del proceso de formalización.

Por último, el gobierno de turno conformó un equipo multidisciplinario, en el cual se encuentran 9 ministros, a través de la aprobación del Decreto Supremo N. 143-2023-PCM para seguir detenidamente el proceso de formalización minera. Es preciso mencionar que, si el Estado no logra que los mineros ilegales e informales cumplan con las normas mínimas establecidas para extraer minerales e hidrocarburos, el Perú seguirá perdiendo miles de millones de soles anualmente. Esto afecta directamente la producción y exportación de recursos mineros y decenas de familias se ven gravemente afectadas, al igual que la recaudación tributaria anual.

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