En un encuentro realizado en la Cámara de Comercio de La Libertad que reunió a representantes de distintos sectores empresariales, Mauricio Cruz Alvarado, director de MC Global Consulting & Law, destacó la importancia de fortalecer el estado de derecho como base para la paz social, el impulso del desarrollo y la atracción de inversiones en nuestra región.
Durante su exposición, Cruz Alvarado subrayó que el crecimiento y la estabilidad de una sociedad dependen directamente de la confianza en sus instituciones y de la eficacia en el combate a delitos de alto impacto, como la extorsión. «Muchas veces la autoridad no es rebasada por la impunidad, sino por la complicidad», enfatizó, señalando que en algunos casos los agentes del Estado, aunque no participen directamente en los actos delictivos, permiten su ocurrencia por omisión o permisividad.
Frente a esta realidad, planteó la necesidad de implementar una estrategia basada en tres ejes fundamentales:
1. Formación de un Comité de Participación Ciudadana: Un espacio donde la ciudadanía pueda participar activamente en labores de prevención, procuración y administración de justicia, dotado de facultades alineadas con las instancias institucionales e incorporado formalmente en las legislaciones pertinentes.
2. Diagnóstico real del delito: Un análisis exhaustivo que permita identificar, por región, la incidencia delictiva, los líderes de las organizaciones criminales, sus ingresos ilícitos y otros datos clave que faciliten acciones efectivas.
3. Acciones de combate y abatimiento permanente del delito: Con estrategias definidas y objetivos claros que no se limiten a respuestas reactivas, sino que busquen la erradicación sostenida de las amenazas a la seguridad ciudadana.
Cruz Alvarado también indicó que, de ser necesario, y en caso de resistencia por parte de las autoridades locales, se deben activar mecanismos internacionales, como los órganos del sistema universal de derechos humanos y, particularmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Si bien los presuntos responsables tienen derechos, la sociedad también los tiene. Es deber primordial del Estado garantizar la paz social», puntualizó.
Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades para reconocer que la gravedad de la situación que atraviesa Trujillo va más allá de las cifras oficiales, exigiendo respuestas inmediatas y efectivas que devuelvan la tranquilidad a los ciudadanos y garanticen un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico.
