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EXIGIMOS RESPETO A LA LIBRE ELECCIÓN DE CENTROS ARBITRALES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL MTC DE ACUERDO A LA LEY N°30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), ante la Resolución Ministerial 351-2024-MTC/01 emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, publicada el 21 de junio de 2024, que aprueba la cláusula de solución de controversias que contiene el convenio arbitral, y el formato de declaración jurada de determinación de institución arbitral, en el cual sugiere una lista de centros arbitrales que excluye a los que operan en regiones y provincias fuera de Lima, manifiesta lo siguiente:

  • Consideramos que dicha resolución representa una clara discriminación normativa, que genera desventajas comparativas para ciertos Centros de Arbitraje y privilegios para otros, ya que la norma presenta una lista de centros arbitrales ubicados únicamente en la ciudad de Lima, sin establecer criterios objetivos que justifiquen tal designación.
  • Cabe recordar que nuestra legislación promueve el derecho de las partes en una controversia a elegir libremente la institución arbitral que administrará sus procesos, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad requeridos.
  • Los centros arbitrales que administran controversias deben ser evaluados por su experiencia, capacidad e idoneidad, y contar con profesionales experimentados en procesos arbitrales, así como con la infraestructura necesaria para brindar estos servicios adecuadamente, no solo por encontrarse en determinado lugar.
  • En ese sentido, destacamos que el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara de Comercio de La Libertad, al igual que otros centros arbitrales que operan fuera de Lima, ha gestionado arbitrajes tanto para el sector público como para el privado por más de 20 años, cumpliendo con altos estándares de calidad en aspectos de transparencia, celeridad, probidad de su nómina, entre otros.
  • Finalmente, solicitamos que esta situación se aclare lo antes posible, y se garantice la participación de centros de arbitraje de todo el país, evitando restricciones y permitiendo que puedan atender las necesidades relacionadas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y las demás instituciones públicas, fomentando así la necesaria descentralización de nuestro país.
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