·         Si el Concejo no lo hace el Poder Judicial los obligaría. Entre tanto, la empresa Miramar sigue cometiendo graves infracciones de tránsito.

El alcalde Mario Reyna Rodríguez, lamentó que pese al tiempo transcurrido los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) no aprueben aun la ordenanza que dispone la fiscalización del servicio de transporte público de personas, cumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 27181 y el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC.

La actualización de la ordenanza provincial, en concordancia con la norma nacional vigente, debe ayudar a garantizar la mejora en la calidad y seguridad del servicio de transporte público.

Entre tanto, un nuevo accidente en el transporte público ocurrido en la urbanización Santa María, en el que una unidad vehicular dejó como saldo cuatro heridos y un poste derribado, que sería de la empresa Miramar, pudo enlutar a más familias.

El burgomaestre indicó que a través de la Gerencia de Transportes se solicitó información a las comisarías de Ayacucho y La Noria, para adoptar acciones, ya que la empresa sería reincidente.

Si hubiese estado vigente la ordenanza que concuerda con el Reglamento Nacional de Transportes, que no aprobó el Concejo y me obligó a interponer una carta notarial exigiendo que en el plazo de 15 días la aprueben, la sanción sería más drástica y la empresa tendría que asumir responsabilidades. Ahora, por más que sancionamos, pagarán la multa de seis o siete mil soles y seguirán operando, dijo.

La carta interpuesta pide a los regidores que la aprueben y tiene como apercibimiento que de no hacerlo sean notificados o demandados por el Poder Judicial. La sanción, en caso no la aprueben, puede llegar a la destitución. El plazo vence esta semana. “No quiero llegar a ese extremo, pero necesitamos de esa norma para poner mano dura contra los malos transportistas”, precisó Mario Reyna.

Las unidades vehiculares de Miramar y de otras empresas de transporte público se paran en cualquier parte para subir y bajar pasajeros y constantemente se puede observar denuncias en redes sociales donde se observan videos de vehículos en falta a la observancia de las normas de transporte.

Está bien que los transportistas tengan su grupo de regidores que los apapacha y los quiere, pero es un delito gravísimo que no estemos acatando la norma nacional. Parece que los concejales no quieren que se aplique la norma pese a que sigue habiendo heridos y daños graves por estos accidentes. Habrá que preguntarles ¿por qué no quieren que se aplique la norma nacional? ¿Acaso Trujillo es una isla y no le afectan las normas nacionales?, añadió la autoridad.

La Empresa de Transportes Miramar S.A. tiene tres rutas autorizadas: C-39, C-40 y C-44, con un total de flota operativa de 61 unidades, las que fueron suspendidas debido a un accidente fatal, pero por la vigencia de una antigua ordenanza, del año 2014, pagaron su multa y volvieron a seguir circulando.

La nueva ordenanza establece como sanción para accidentes con pérdida de vidas la suspensión por tres meses, sin posibilidad de que por más que paguen la papeleta vuelvan a operar hasta cumplir su sanción. La ordenanza vigente (O.M 014-2018-MPT) tiene como medida cautelar preventiva la suspensión del servicio hasta pagar la multa, es antigüedad y benévola cuando de por medio hubo pérdida de vidas.

El nuevo Reglamento Nacional de Transportes establece que una vez que se dicta la medida cautelar se mantiene la suspensión hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento.