Diversos empresarios del rubro de consultoría contable mencionan que existe un mal empoderamiento de los agentes de fiscalización en entidades gubernamentales como la SUNAFIL y la Contraloría.
Diversos empresarios del rubro de consultoría contable vienen advirtiendo una distorsión de la función fiscalizadora y un mal empoderamiento de las personas que ejecutan este rol de fiscalización, en entidades gubernamentales como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Contraloría General de la República (CGR).
Al respecto, el CPC Guillermo Ruiz, gerente general de GARC Consultoría Empresarial, mencionó que si bien el argumento oficial (PL 9744) que sustenta la necesidad de reconocer y recompensar el buen desempeño de los inspectores, en la práctica esta medida introduce un incentivo que pone en riesgo la imparcialidad de fiscalización en el país.
“Este tipo de lógica basada en la ‘rentabilidad’ de la sanción ya ha sido aplicada en el ámbito de la fiscalización tributaria. Esto transforma a los inspectores en una suerte de ‘cobradores del Estado’, cuyo rendimiento se mide no sólo por su eficiencia técnica o su capacidad para promover el cumplimiento normativo, sino por la cantidad de sanciones que puedan imponer. En otras palabras, se traslada una lógica de productividad empresarial a una función pública que, por esencia, debe basarse en principios de justicia, objetividad y proporcionalidad”, explicó el empresario.
Por otro lado, el gremio de sociedades de auditoría (SOA), representado el CPC Wencis Vigo, presidente de la Asociación de Sociedades de Auditoría del Perú (ASOAPE), manifestó su preocupación por el accionar de cierto personal técnico de la Contraloría General de la República en los procesos de supervisión.
“En los últimos años se ha venido experimentando un mal empoderamiento en los funcionarios supervisores de la Contraloría, llegándose a confundir su rol de asistencia técnica al auditor gubernamental, por el de un fiscalizador que en algunos casos se impone de forma abusiva. Lo cual genera otra problemática que parte de este mal empoderamiento, que es la demora en los trámites de pagos por servicios profesionales y anulación de contratos unilateralmente, sin medir las consecuencias tanto en las entidades públicas auditadas, como en las sociedades de auditoría que ven retrasados sus procesos administrativos, teniendo en cuenta que para la realización de cada servicio se requiere una carta fianza, con fechas establecidas que aplican penalidades por este tipo de demoras. El gremio percibe que se han burocratizado demasiado los procesos de supervisión de auditoría gubernamental”, explicó Vigo.
