Una crisis institucional sin precedentes sacude al Colegio de Licenciados en Administración – Región La Libertad tras confirmarse que miembros del Consejo Directivo Regional actual y el propio Presidente del Tribunal de Honor han transgredido sistemáticamente el principio de imparcialidad durante el actual proceso electoral, utilizando recursos institucionales para favorecer candidaturas específicas.
Comité Electoral Nacional confirma irregularidades
El Comité Electoral Nacional, mediante Carta N° 009-CEN-CLAD-2025 del 03 de noviembre de 2025, acordó en sesión plenaria tomar acciones contundentes contra los licenciados Jhonny Rubiños Méndez, director regional de Desarrollo y Habilitación Profesional, y Otoniel León Díaz, director regional de Economía y Finanzas, por utilizar medios de comunicación oficiales del CORLAD para promover la Lista N° 2 «Integración con Visión Administrativa», empleando sus funciones directivas para influenciar la intención de voto de los agremiados, en violación flagrante del Código de Ética Profesional.
Presidente del Tribunal de Honor hace campaña política
El caso se agrava dramáticamente al comprobarse que el Lic. Adm. Oscar Emilio Lama Villar, actual Presidente del Tribunal de Honor del CORLAD La Libertad —órgano que por mandato estatutario debe fiscalizar el cumplimiento del Código de Ética— ha sido detectado haciendo campaña abierta en redes sociales a favor de la misma lista. Esta actuación constituye una doble transgresión: vulnera el principio de independencia de criterio establecido en el Código de Ética y contradice frontalmente su función como máxima autoridad del órgano de vigilancia ética institucional.
Uso indebido de recursos institucionales
La denuncia presentada el 18 de octubre por el Lic. Adm. Kenny Aznarán Ramos documenta con evidencia contundente el uso indebido de recursos institucionales. El 9 de octubre, el CDR publicó un «Comunicado Oficial» en la página de Facebook institucional convocando abiertamente a respaldar con firmas de adhesión a candidatos específicos. Al día siguiente, otra publicación oficial presentó a los candidatos favorecidos: Rosa Moreno, Carlos Luna y Orlando Ponce. Las instalaciones del Colegio en Jr. Bolívar 269 fueron ofrecidas para recabar firmas de adherentes, y los grupos oficiales de WhatsApp institucionales se utilizaron para promoción electoral partidista.
Violaciones normativas comprobadas
Estas acciones violan múltiples disposiciones normativas. El Código de Ética prohíbe expresamente propiciar actividades contra el Colegio o que no cumplan con la moral profesional. El Manual de ONPE para Colegios Profesionales establece categóricamente que «los recursos del colegio profesional no pueden ser usados ni a favor ni en contra de candidatura alguna» y que «debe prohibirse que recursos institucionales (logísticos, financieros o humanos) se destinen a favor o en contra de candidatura alguna». El propio Tribunal de Honor ya había amonestado al CDR el 28 de abril de 2025 mediante Resolución N° 01-2025-CDR, invocándolo a respetar el marco legal y normativo institucional, lo que evidencia un patrón de reincidencia.
Precedente peligroso para la democracia institucional
El Lic. Adm. Harry Iglesias Julca, delegado ante el Consejo Directivo Nacional y Administrador de Asuntos Internos, ha sido reportado visitando instituciones para recabar firmas utilizando su cargo institucional, constituyendo un claro abuso de posición y conflicto de intereses al ejercer funciones administrativas mientras realiza activismo electoral.
Impacto en la legitimidad del proceso electoral
La gravedad de estas irregularidades radica en que vician el proceso electoral desde su convocatoria, creando desigualdad de condiciones entre listas participantes y erosionando la confianza de los más de 1,500 agremiados en sus instituciones. El precedente de impunidad que podría establecerse amenaza la legitimidad de futuros procesos democráticos en el gremio profesional.
Exigencias de la comunidad de licenciados en administración
Los agremiados exigen sanciones ejemplares contra todos los directivos involucrados, incluyendo al Presidente del Tribunal de Honor, su suspensión cautelar hasta resolución del caso, garantías de imparcialidad para las elecciones del 30 de noviembre, auditoría integral del uso de recursos institucionales y reestructuración del Tribunal de Honor con miembros que garanticen verdadera independencia.
Pronunciamiento del Comité Electoral Nacional
El Comité Electoral Nacional, como máxima autoridad electoral según el Estatuto, deberá pronunciarse sobre las sanciones aplicables, la validez del proceso electoral ante irregularidades sistemáticas comprobadas y las medidas correctivas para garantizar transparencia. Este caso trasciende el ámbito interno del CORLAD y representa una prueba crucial para la ética profesional en el gremio de administradores del Perú. Las universidades formadoras, los empleadores y la sociedad civil tienen derecho a exigir que las instituciones gremiales operen con integridad ética incuestionable, pues los principios de imparcialidad, transparencia y neutralidad que predican los licenciados en administración deben reflejarse primero en sus propias instituciones.