Durante intervención policial se constató afectación a canales de regadíos y cultivos. Además, se halló socavones, insumos químicos y equipos para la extracción de mineral frente a la inacción de autoridades.

 La minería ilegal sigue ganando terreno en la provincia de Sánchez Carrión. Un equipo especial de la Policía Nacional detectó que el caserío de Coigobamba, (Huamachuco), se ha convertido en la guarida de nuevas bandas de mineros ilegales que han reabierto socavones, usan nuevas modalidades para sustraer mineral y han extendido sus tentáculos sembrando violencia y corrupción en la zona, ya que contarían como aliados a dirigentes vecinales que facilitan su accionar.

Precisamente, la Policía, en coordinación con el Ministerio Público, luego de seis días de vigilancia, ejecutó el primer golpe del año contra las nuevas labores ilegales que se expanden en el mencionado caserío. Esta acción permitió detectar un gravísimo atentado contra el medio ambiente que está afectando los canales de regadío y sembríos cercanos. Pese a esta situación, al tratarse de ilegales, las autoridades vecinales cómplices guardan silencio.

Durante la operación, las fuerzas del orden hallaron varias pozas de cianuración, socavones ocultos entre las plantaciones, explosivos, bombas de agua, generadores eléctricos, mangueras, carretillas, sacos de mineral aurífero, insumos químicos, ranchos en donde acopiaban el mineral robado y otras herramientas usadas para esta ilícita actividad.

El uso de drones fue clave para registrar cómo los mineros manipulan cianuro y explosivos sin ningún control, provocando rajaduras y vibraciones en el caserío. Conocidos en la zona por dedicarse a la minería ilegal, los hermanos Carranza y otros sujetos salieron corriendo del predio apenas ingresaron los policías. El terreno, según fuentes policiales, sería de un tal de Siccha Flores. Este sujeto les entregó a los Carranza el socavón para que extraigan mineral.

En otro predio, donde operaría un tal Arturo Mendoza, se evidenció a plena luz del día a sujetos construyendo pozas de cianuración, además, se detectó desechos químicos, geomembranas, herramientas y relaves mineros que van directamente a los canales de regadío. Lo grave es que esta labor ilegal, se ubica alrededor de sembríos que están siendo destruidos. La contaminación es causada por los mineros ilegales, quienes acopian suficiente mineral robado que trasladan en un solo viaje a cualquier hora del día.

 “Cuando se trata de minería ilegal, los dirigentes de esta comunidad prefieren ignorar porque son familiares o conocidos de los que dirigen las operaciones. Los activistas que suelen protestar ante los medios nunca alzan su voz por estas actividades ilegales. Ellos, de alguna manera, también son cómplices del delito”, cuestionaron los pobladores.

Bajo Amenaza

La investigación policial apunta a una compleja red de encubrimiento. Según fuentes policiales, las actuales autoridades vecinales de Coigobamba tendrían vínculos de parentesco con los que estarían detrás de estas operaciones ilegales. Entre los nombres señalados figuran un tal Eusebio, padre del elegido agente municipal; María Mauricio, pariente del nuevo presidente de la ronda y del teniente gobernador.

La Policía además identificó a un tal Elías Campos que trabajaría su propio socavón a vista y paciencia de las autoridades. Un tal Salvador Moreno tiene otro socavón que administraría Héctor Pérez. También Cecilia Espejo y los hermanos Carranza, quienes en los últimos tres años han encabezado más de una protesta contra la minería formal. Incluso, han tenido la desvergüenza de liderar conferencias para denunciar la contaminación en el agua. Pero jamás dijeron palabra alguna de las labores ilegales que están afectando el medioambiente en la comunidad.