Imágenes captadas revelan avance de la minería ilegal en bosque y el arrojo de desechos tóxicos a canales de regadío que ponen en peligro a las comunidades aledañas, ríos y la biodiversidad en Huamachuco.

 Los ríos, la biodiversidad y la salud en los caseríos de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, son amenazados cada día por los mineros ilegales que han retornado al bosque Polo, una zona que se ha convertido en tierra de nadie y en donde la impunidad impera.

Durante los últimos días, según información de las autoridades vecinales, se ha visto llegar individuos procedentes de Pataz e incluso venezolanos que ingresan directamente a esta zona, en donde proliferan socavones ocultos entre las plantaciones de eucalipto.

Según demuestran las imágenes de los vuelos de dron realizados por la Policía, los mineros ilegales han retornado al bosque para reabrir los socavones cerrados en una anterior interdicción realizada por las autoridades hace dos meses. Ingresan sin que nadie les reclame y los camiones entran por la única tranquera de ingreso existente.

Las imágenes captadas por el dron muestran el movimiento de delincuentes bajo el follaje de los eucaliptos, explosiones de dinamita e intentos de disparos contra el propio dron. Hechos que la PNP y la Fiscalía deberían tomar en cuenta.

Los comuneros denuncian que lo grave es que los mineros ilegales del Bosque Polo trasladan el mineral robado a las labores clandestinas de Coigobamba para procesar al aire libre utilizando cianuro y mercurio. Luego arrojan los desechos a un canal por donde recorre el agua para regadíos sin que ninguna autoridad vecinal ni las rondas protesten.

“Los agentes municipales saben que están arrojando cianuro al canal. Y lo que más preocupa es que con el aumento de las lluvias estos desechos acumulados se esparcirán. Hemos recurrido a las ONGs y otras autoridades locales para que nos apoyen, pero como respuesta solo tenemos silencio. Al parecer a ellos no les importa que la minería ilegal siga operando en los caseríos”, dijeron pobladores de Shiracmaca y Coigobamba.

A ellos les llama la atención que ONGs locales como el proyecto Amigo, no protesten contra las actividades de la minería ilegal en el bosque Polo. De igual manera, lamentan que algunos medios de Huamachuco no denuncian los hechos que se realizan en esos predios.

Para las autoridades de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburo del Gobierno Regional de La Libertad, no es un secreto que los mineros ilegales de Huamachuco hacen de las suyas en el bosque Polo. La familia, propietaria del predio, donde se ha suscitado más un acto de violencia, responde que no puede controlar la situación por la extensión del área.

Sin embargo, el dueño Fernando Polo Espejo no habría realizado alguna denuncia contra los que operan en el lugar como un tal Eusebio, sujeto que dirige el robo de mineral al estado peruano.  La familia se queda de brazos cruzados mientras siguen incrementándose la presencia de parqueros.

“El caserío de Coigobamba está partido en dos porque una parte de la ronda responde a Pedro Polo y a los que operan en el bosque. Todos los días entran y salen camiones de mineral robado por la única tranquera que tiene el bosque”, señalan quienes no están con la ronda que recibe pagos ilícitos.

Corrupción y Contaminación

Hay otra situación lamentable que padecen en los caseríos de Huamachuco: la ambición por permanecer en cargos vecinales para permitir el libre tránsito de cianuro y dinamita en caseríos como Shiracmaca y Coigobamba.  Una situación que deberían resolver el alcalde provincial, Santos Ruiz Guerra; y la subprefecta de Huamachuco, Fanny Orna, al ser sus representantes el agente municipal y el teniente gobernador, respectivamente.

La gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, Silvia Vergara Rodriguez, manifestó que quien designa su representante en cada caserío es el alcalde. Y que la decisión popular para elegirlo no está contemplada en las normas. Volver al orden jurídico, sería una medida acertada para terminar con autoridades vecinales que denigran el cargo con actos ilegales.