Ante la reciente aprobación, en primera votación, por parte del Congreso de la República, de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por un período adicional de seis meses, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), como institución representativa del sector empresarial y comprometida con el desarrollo económico sostenible, expresa su profunda preocupación por las consecuencias negativas de esta medida. Consideramos que su implementación afecta gravemente la seguridad jurídica, la protección del medio ambiente y la competitividad del país, lo que requiere una revisión urgente de los términos y alcances de la misma. Ante ello, expresamos lo siguiente:

·         Consideramos inaceptable que los inscritos en el REINFO gocen de exención de responsabilidad penal, administrativa y civil por delitos ambientales. Este régimen permite, de facto, la impunidad frente a prácticas que degradan nuestro entorno, como el vertimiento de mercurio y desmonte en fuentes de agua, poniendo en riesgo la salud de la población y el derecho a un ambiente sano.

·         La ampliación del REINFO se ha otorgado sin una adecuada diferenciación entre aquellos que avanzan en su formalización y los que operan ilegalmente en áreas prohibidas. Esta falta de control permite que la minería ilegal sigan operando en condiciones que afectan la competitividad y dañan la imagen del sector formal. Es imperativo excluir del REINFO a los mineros que no cumplen con las normativas o que operan en zonas restringidas.

·         El régimen actual brinda beneficios superiores a los de la formalidad, como inmunidad ambiental y ausencia de fiscalización efectiva, lo que desalienta la transición hacia una actividad minera responsable y legal. Esto genera competencia desleal con los empresarios que cumplen con las normativas vigentes y erosiona la confianza en el marco legal.

·         Este proceso de formalización sin controles claros afecta la seguridad jurídica y desincentiva la inversión en proyectos de exploración y desarrollo, fundamentales para el crecimiento económico. Según el Índice Fraser, el Perú ha perdido competitividad debido a la falta de certeza en la propiedad minera, situación agravada por invasiones de terrenos y concesiones sin sanciones adecuadas.

·         Es importante precisar que los recursos ilícitos generados por la minería ilegal se estiman alrededor de $4,000 millones en el país, y que en el país alrededor del 40% de la producción aurífera es ilegal. Esta situación, además, resulta en el menor pago de impuestos al fisco, por lo tanto, una menor recaudación y menores transferencias de canon a los gobiernos locales; estos son recursos que no recibe el estado para ser invertidos en el cierre de brechas, principalmente en los territorios donde se realiza la actividad extractiva.

·         Exhortamos a la presidenta de la República a plantear medidas concretas contra la minería ilegal en el país, a través de estrategias conjuntas del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos, otros organismos fiscalizadores del sector, la policía, el ejército, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sugerimos, como ejemplo, elaborar un plan integral de lucha contra la minería ilegal, y modificar el artículo específico que no incluye al transporte como parte de la minería ilegal, la cual sí está incluida en el Código Penal de Perú.

·         Exigimos a los representantes del Congreso de la República, a legislar por el bienestar y desarrollo de la gran mayoría de peruanos; dejando de lado intereses particulares de pequeños grupos económicos vinculados a esta actividad ilegal y realizar una revisión integral del REINFO, para que esta ampliación sea restringida únicamente a aquellos que cumplen con los requisitos establecidos y demuestran avances concretos en su proceso de formalización.

·         Exigimos que se refuerce la supervisión y fiscalización para garantizar que las actividades mineras cumplan con las normativas ambientales y legales, evitando la impunidad y el incremento de actividades ilegales, las cuales se asocian a actividades delictivas vinculadas al tráfico de personas, trabajo infantil, afectaciones ambientales, crimen organizado, entre otros.

·         Desde la Cámara de Comercio de La Libertad reiteramos nuestro compromiso con la promoción de actividades económicas responsables, sostenibles y respetuosas de los derechos fundamentales. Hacemos un llamado a las autoridades para que adopten medidas inmediatas que garanticen la justicia, la seguridad jurídica y la protección de nuestro entorno.