Denuncias locales advierten que la disputa por predios en Shiracmaca y Coigobamba estaría vinculada a la extracción ilegal de minerales. Pobladores exigen investigar una posible red de información y protección que permite a mineros ilegales seguir operando y frustrando interdicciones.
La continuidad de la minería ilegal en los caseríos de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, pese a las intervenciones policiales realizadas vuelve a poner en el foco la capacidad de estas organizaciones para reorganizarse y retomar sus actividades en poco tiempo. A la extracción clandestina se suma la disputa y el tráfico de terrenos en zonas auríferas codiciadas por las mafias mineras que siguen operando en esta parte del ande de La Libertad.
La posesión de un predio no solamente representa tierra. En una zona aurífera puede significar acceso al subsuelo, apertura de socavones, instalación de plantas artesanales, rutas para trasladar mineral y espacios donde ocultar maquinaria. En Huamachuco, han denunciado que determinadas propiedades serían utilizadas para ocultar socavones e instalaciones destinadas al procesamiento clandestino de mineral.
Dentro de este escenario aparecen los hermanos Carranza, mencionados en denuncias locales y publicaciones relacionadas con presuntas actividades de minería ilegal y con disputas por terrenos en sectores cercanos al cerro Cachito y al caserío de Shiracmaca. Según las denuncias, ambos participaron en una disputa destinada a recuperar predios anteriormente utilizados para actividades mineras utilizando a un anciano. Los propietarios legales de esos terrenos acudieron a las autoridades y denunciaron los hechos.
Vecinos de la zona sostienen, además, que existirían socavones clandestinos dentro de propiedades particulares que permanecerían ocultos o inactivos durante las horas de mayor vigilancia para posteriormente entrar en funcionamiento durante la noche. El mecanismo parece sencillo: esconder durante el día y operar cuando disminuye la vigilancia.
Una actividad que exige una estructura
La extracción ilegal de oro requiere mucho más que la apertura de un socavón. Para operar de manera sostenida se necesita maquinaria, explosivos, combustible, transporte, procesamiento, compradores y, sobre todo, protección, A esta estructura se suma un factor que vecinos y denuncias consideran necesario investigar: la posibilidad de que determinadas personas proporcionen información anticipada o faciliten la continuidad de las operaciones clandestinas.
En Shiracmaca y Coigobamba se han reportado intervenciones contra campamentos, socavones y otras instalaciones vinculadas presuntamente a la minería ilegal. Sin embargo, pobladores sostienen que algunas actividades vuelven a aparecer semanas después de los operativos. Esta situación plantea una interrogante: ¿cómo obtienen información estas organizaciones para anticiparse a las intervenciones y qué mecanismos les permiten volver a operar después de que sus instalaciones son destruidas?
Una de las explicaciones denunciadas reiteradamente apunta al enorme poder económico generado por el oro ilegal y a su capacidad para corromper instituciones. Reportes policiales y denuncias vecinales han advertido sobre la posible participación de malos elementos que proporcionarían información o protección a estas redes. Las organizaciones dedicadas a la extracción ilegal requieren una estructura que les permita operar, esconderse y volver a trabajar después de cada intervención.
Por ello, ya no basta con destruir socavones o intervenir campamentos. Es necesario identificar la ruta del dinero, establecer quién financia las operaciones, quién comercializa el mineral y determinar si existen funcionarios o efectivos que brindan información o protección. Pero mientras tanto los socavones reaparecen y determinadas operaciones clandestinas continúan funcionando, queda flotando una pregunta que Huamachuco lleva demasiado tiempo esperando que alguien responda: ¿quién protege a los ilegales de Huamachuco?