Rechazamos el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas que modifica la Ley General de Minería y el régimen de concesiones. El Congreso está empujando una iniciativa que, lejos de ordenar o promover la actividad, cambia las reglas de juego y eleva la incertidumbre en un sector que sostiene inversión, empleo formal directo e indirecto y desarrollo regional.
El dictamen abre la puerta a intervenciones arbitrarias sobre derechos ya otorgados: debilita la garantía de la concesión al permitir su revocación bajo causales discrecionales y, además, plantea “mecanismos de participación en beneficios” que pueden convertirse en transferencias patrimoniales forzadas. Esto no es modernización: es una señal de que en el Perú la inversión quedaría expuesta a decisiones políticas con intereses subalternos.
Además, se pretende “corregir” trabas del propio Estado castigando la formalidad: más costos y penalidades, plazos recortados que no reflejan la realidad del desarrollo de un proyecto y exigencias rígidas desde etapas sin certeza geológica ni condiciones habilitantes (tierra, permisos, consulta previa). Las consecuencias serían: menos exploración, más riesgo, proyectos paralizados o inversiones que se van del país. ¿Acaso los congresistas que aprueben esto le darán trabajo a los miles de personas que se queden sin empleo?
Peor aún, se busca aplicar nuevas cargas a concesiones ya existentes e incluso afectar contratos de estabilidad jurídica. No se puede promover inversiones de largo plazo si el Congreso aprueba normas que quiebran la predictibilidad y vacían compromisos asumidos por el Estado.
Si el objetivo fuera destrabar y combatir la “ociosidad”, el camino es el contrario: menos traba y más eficiencia estatal, con procesos claros y previsibles.
Es la oportunidad de promover inversiones para ejecutar proyectos detenidos y generar trabajo y desarrollo. La minería formal ya transfiere recursos relevantes a las regiones (más de S/ 10,045 millones al cierre de 2025), pero una parte importante del presupuesto regional y local de inversión no se ejecuta: esa incapacidad no puede taparse atentando contra la minería formal.
Exhortamos que este dictamen se someta a una discusión técnica seria y transparente, con evaluación económica y legal de sus impactos. El Perú necesita destrabar, atraer inversión y generar empleo formal; no aprobar normas que “maten” la minería y ahuyenten proyectos.