Las empresas de transporte ya utilizan un rubro específico, para registrar pagos extorsivos según la normativa implementada por el Gobierno Peruano.
Tras la implementación del reglamento de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, las empresas de transporte vienen desarrollando una modalidad de registro de pagos extorsivos, a fin de combatir la delincuencia a través de inteligencia financiera y la articulación informativa entre la Policía Nacional del Perú, la Sunat y el sistema financiero.
Si bien algunas voces provenientes del gremio de transportistas han manifestado su desacuerdo, es importante tener en cuenta que la Ley 32490, promovida por el presidente José Jerí, busca salvaguardar la integridad de la persona y de su libertad para emprender.
“Se habla de que se está ‘legalizando’ la extorsión, pero esto ya se había advertido en el Proyecto Ley del congresista Gustavo Cordero Jon Tay, el cual planteaba deducir pagos extorsivos como pérdidas empresariales. Sin embargo, se malinterpretó por cuanto se buscó ridiculizar la circunstancia de infortunio que vive el empresario”, explica el periodista de Nacional TV Perú, Juan José Sandoval.
Cabe señalar que el congresista Gustavo Cordero Jon Tay presentó un Proyecto de Ley que pretendía evitar que los usuarios vean incrementado su boleto. Por el contrario, a través de la deducción tributaria hacia los empresarios afectados, se apertura una vía de investigación basada en inteligencia financiera que permitiría erradicar la extorsión a través de la identificación de la ruta delictiva.
La iniciativa legislativa del congresista Cordero Jon Tay tuvo como principal objetivo optimizar la normativa ya existente, referida a la deducción de impuestos a los pagos vinculados a hechos de extorsión, sin diferenciar rubros empresariales, ya que la delincuencia ataca tanto al transportista como al comerciante ambulante.
“Esta problemática repercute en el emprendedor en general, no es exclusividad del sector Transporte. Es vital poner en discusión este tema, pero enfocándolo al empresario de todos los rubros. Utilizar mecanismos digitales para detectar la ruta extorsiva requiere la articulación de la institución policial, así como de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), además del sistema bancario por el que circula el pago al delincuente”, explicó el periodista de Nacional TV Perú, Juan José Sandoval.
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, 2 millones de empresas operan afectadas por la criminalidad organizada. Además, de acuerdo a la PNP, cada día en el Perú se presentan 75 denuncias por extorsión.