●     Ministro Aldo Prieto expuso ante la Comisión de Constitución los tres proyectos normativos incluidos en la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, expuso ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República los tres proyectos normativos incluidos en la solicitud de delegación de facultades que buscan fortalecer la seguridad ciudadana desde los ámbitos del transporte y las telecomunicaciones.

Durante su intervención, explicó que estas propuestas buscan cerrar brechas que hoy son aprovechadas por organizaciones criminales en el uso indebido de servicios de telecomunicaciones, en la informalidad del transporte y en la vulnerabilidad de la infraestructura vial. “No vamos a ceder un solo espacio más a la criminalidad”, enfatizó el ministro Prieto, al solicitar el respaldo de la Comisión para aprobar la delegación de facultades.

El primer proyecto establece medidas para impedir el enmascaramiento del número telefónico de origen en llamadas y mensajes de texto, mecanismo utilizado por extorsionadores y estafadores para evitar ser identificados. Con esta regulación, las autoridades podrán rastrear con mayor precisión a los titulares de las líneas involucradas.

El segundo proyecto promueve inversiones bajo el modelo de Sistema Integrado de Transporte (SIT), con el objetivo de reducir la informalidad que genera espacios donde opera la delincuencia. La propuesta fortalece la rectoría del Estado y permite una acción más ordenada y articulada en los tres niveles de gobierno.

El tercer proyecto plantea un marco legal para declarar en emergencia el servicio público de transporte ante desastres naturales o situaciones de peligro inminente. Con ello, se busca garantizar la continuidad del servicio, restablecer con rapidez las condiciones adecuadas para el tránsito vehicular y reducir zonas vulnerables a actividades criminales.

El titular del MTC destacó que esta delegación de facultades permitirá emitir normas técnicas, oportunas y alineadas con estándares internacionales. Señaló que el compromiso del sector es poner al Estado en el rol que le corresponde: liderar, ordenar y proteger, actuando con evidencia, transparencia y responsabilidad.