El consejero regional por la provincia de Trujillo, Abg. Robert de la Cruz Rosas, viene enfrentando actualmente un juicio oral por el presunto delito de usurpación agravada, a pesar de que la Fiscalía concluyó dos veces que no existía delito ni responsabilidad penal. El caso, contenido en la carpeta fiscal N.° 2840-2020, se desarrolla en el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, a cargo del juez Juan Conrrado Bendezu Villena, mientras el Ministerio Público mantiene su pedido de 6 a 8 años de prisión.

¿Cómo inició el caso?

En abril de 2020 durante operativos de limpieza en el mercado La Hermelinda; la Municipalidad Provincial de Trujillo, atraves de un decreto de alcaldía firmado por Daniel Marcelo, retiró estructuras ubicadas en una zona de descarga que no pertenecía a los denunciantes.
Estos reconocieron haber invadido un área ajena, y aun así presentaron una denuncia en la que inicialmente no figuraba Robert de la Cruz. Su inclusión ocurrió un año después, basada solo en menciones de parte, pese a que los denunciantes no estuvieron presentes en los hechos.

Archivado dos veces y reabierto sin pruebas nuevas

La Fiscalía archivó el caso en 2021, señalando que no existía bien jurídico protegido y que los denunciantes actuaron de manera dolosa al invadir 48 m² de zona administrativa.
Sin nuevos elementos, una queja permitió reactivar el expediente y llevarlo nuevamente a investigación, que en 2022 volvió a concluir que no había delito.
Pese a ello, el juez de investigación preparatoria decidió enviar el caso a juicio.

Juicio en curso

El proceso avanza actualmente sin pruebas adicionales a las ya descartadas por el Ministerio Público en dos oportunidades. De la Cruz afirma que se trata de una persecución política por sus denuncias constantes de corrupción contra APP.

“Desde el 2023 he fiscalizado la gestión de APP y hecho público presuntos actos de corrupción como las «Coca obras», la posible sobrevaloracion de motos y patrulleros que estuvieron mucho tiempo guardados, el paupérrimo avance de la obra Hospital Virú y el corral de patos en donde funcionan las oficinas de Lucero Coca, y tantos casos más… Pero lentamente están usando la justicia para intentar callarme. No se puede judicializar la política”, señaló el consejero.

La sentencia será emitida por el juez Bendezu Villena en las próximas semanas.