Durante la sesión extraordinaria convocada por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República y realizada en la ciudad de Trujillo, el congresista liberteño Diego Bazán Calderón, sustentó su proyecto de ley N°10322, que impone multas de 100 UIT diarias a las empresas de telecomunicaciones que permitan el ingreso de llamadas telefónicas a los penales.
Al respecto, Bazán Calderón precisó que La Libertad, es una región víctima de una ola criminal nunca antes vista en la historia republicana, en donde además se ha perdido el control de los centros penitenciarios. En pocas palabras, no se cumple la función de aislamiento social, pues se les permite a los internos, seguir delinquiendo. Inclusive, existen cabecillas criminales que coordinan con sus cómplices que están en el exterior, porque no existe restricción en las comunicaciones.
“Si bien es cierto, ya existe del Decreto Legislativo 1688 que contempla la obligación de las operadoras de telecomunicaciones de bloquear sus servicios dentro de los penales; el reglamento del mismo delega a OSITRAN la evaluación de criterios para aplicar las mismas”. “Por eso, con mi propuesta, imponemos claramente fuertes multas pecuniarias, estableciendo que, si el operador permite que, entre una llamada a un centro penitenciario, ese día debe aplicarse una multa de 100 UIT; y si al día siguiente, ingresa otra llamada, aplicamos una multa similar”, argumentó el legislador.
PEAJE DE CHICAMA EN LA MIRA
En otro momento de la sesión, Bazán Calderón hizo un llamado de atención a las autoridades y al concesionario COVISOL S.A., en vista de su inacción frente a los accidentes y muertes registradas desde el año pasado en el peaje de Chicama, recomendado su reubicación urgente a la zona de La Arenita (entre Paiján y San Pedro Lloc).
Asimismo, Bazán Calderón exigió se implementen de manera inmediata acciones concretas, como la mejora de la señalización, la fiscalización del exceso de velocidad, el rediseño de la infraestructura vial si es necesario y la presencia constante de personal de control vial. “La vida y seguridad de los ciudadanos no pueden seguir estando en riesgo por la negligencia o indiferencia de quienes tienen la responsabilidad de velar por ellas”, concluyó.
