Ante la ola de violencia que sigue arrebatando la vida de ciudadanos inocentes y la alarmante indiferencia del Ejecutivo, reflejada en la ausencia de un mea culpa frente a los magros resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) expresa lo siguiente:

·         Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos del Sr. Eulalio Valverde Bargas, regidor del distrito de Chao y empresario, vilmente asesinado en la puerta de su negocio. Este acto atroz no sólo representa una grave afrenta contra la vida y la dignidad humana, sino que, al tratarse de una autoridad local, también constituye una amenaza a la institucionalidad del Estado. A ello se suma la enérgica condena por los hechos de violencia ocurridos hoy en Trujillo: el asesinato de un ciudadano a manos de sicarios en la Av. Jesús de Nazareth y el brutal asalto a una mujer en plena Plaza de Armas, donde delincuentes armados por poco le quitan la vida tras retirar dinero de una entidad bancaria. Estos crímenes alimentan el miedo colectivo en una comunidad ya golpeada por la delincuencia, afectando el desarrollo económico y social de la región.

·         Como gremio empresarial, exigimos que estos hechos no queden impunes. La justicia debe prevalecer en memoria de todas las víctimas de la criminalidad que azota nuestra sociedad. No podemos permitir que la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos sigan amenazando la vida de los emprendedores, trabajadores y ciudadanos en general. Es urgente que las autoridades refuercen la seguridad y tomen medidas concretas para devolver la paz y la confianza a nuestra comunidad.

·         En ese sentido, rechazamos la actitud del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien, lejos de asumir responsabilidad por su ineficaz gestión, se aferra al cargo con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte y su Consejo de Ministros. Su desempeño no solo viene siendo deficiente, sino que además evidencia una alarmante falta de sensibilidad frente a la crisis de inseguridad que azota al país, por lo cual demandamos su inmediata renuncia como un mínimo acto de decencia y dignidad ante una situación que claramente ha escapado de su control.

·         Exhortamos al Congreso de la República a tomar medidas urgentes en favor de la estabilidad del país y reforzar su liderazgo como Poder del Estado. No más blindajes, excusas ni justificaciones para sostener en el cargo a un funcionario que, en su momento, prometió dimitir si el Estado de Emergencia no arrojaba los resultados esperados. Hoy necesitamos que legislen poniendo encima el interés común por sobre intereses personales o políticos.

·         Finalmente, como gremio empresarial reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos y el desarrollo de un entorno seguro para el emprendimiento, la inversión y el progreso, e invocamos a más instituciones tanto públicas como privadas a unirse e impulsar un trabajo colaborativo. No podemos permitir que la delincuencia siga poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas y la estabilidad económica de nuestra región y país. Seguiremos alzando la voz y exigiendo a las autoridades acciones firmes y resultados concretos, así como proponiendo iniciativas de solución porque la seguridad es un pilar fundamental para el bienestar de la sociedad y el crecimiento sostenible del país.