La Comisión de Fiscalización del Congreso y otros organismos públicos investigan el caso de Diana del Carmen García Bonilla, quien pasó de ser representante de una asociación ilegal de fabricantes de conservas, a jefa de la Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación (USME) del Programa Qali Warma, evidenciando un grave conflicto de intereses y una presunta organización criminal.
– Una grave denuncia se viene manejando en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, y otros organismos públicos que vienen siguiendo el caso, contra la ahora funcionaria del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Diana del Carmen García Bonilla, quien pasó de ser la presidenta de la Asociación de Fabricantes de Conservas del Perú (ASFACO), a ocupar la jefatura de la Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación (USME) del programa Qali Warma, lo que evidenciaría un grave conflicto de intereses y la presunción de un esquema delictivo de organización criminal.
Según la información, la Asociación de Fabricantes de Conservas del Perú (ASFACO), la conforman, entre otras empresas del rubro, Empresa Industrial Don Martín SAC, Gabrinus Werner Rielp Wahi SCRL, Inversiones Varisa SAC, Esmeralda Corp SAC, Alfredo Lindley Russo, Qalitas EIRL, CAAS Alimentos y AM FOODS Y RAM. Siendo presidida por la cuestionada Diana del Carmen García Bonilla, quien, al día de hoy, aun siendo ahora funcionaria de Qali Warma, sigue realizando funciones como representante de ASFACO.
Cabe señalar, de acuerdo a lo consignado en la denuncia tramitada ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, la ASFACO no se encuentra inscrita en los Registros Públicos, por lo que toda acción realizada a nombre de dicha organización carece de legalidad.
Sin embargo, diversos correos electrónicos entregados para la investigación, comprobarían que la ASFACO habría gestionado la designación de Diana del Carmen García Bonilla como jefa de la Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación (USME) del programa Qali Warma, lo cual conformaría un serio conflicto de intereses y negociación incompatible, además de una presunta asociación ilícita y organización criminal cuyo objetivo es controlar los programas sociales.
Las penas por tráfico de influencias cometidas por funcionarios públicos pueden llegar hasta dos años de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer un cargo público hasta por nueve años. Mientras que el delito de asociación ilícita es penado hasta con diez años de prisión efectiva.
