La resolución judicial autorizó el allanamiento del inmueble de Nicanor Boluarte Zegarra y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta Dina Boluarte, respectivamente. La tesis fiscal le imputa la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

En el marco de las investigaciones que sigue la Fiscalía contra los implicados en el Caso “Los Waykis en la sombra”, el Poder Judicial emitió una orden de captura preliminar por 10 días contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte. La resolución judicial autorizó el allanamiento de inmuebles y también alcanzó al abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, y a José Luis Ortiz Morreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, a Boluarte Zegarra se le imputa la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias por la designación de prefectos y subprefectos. En detalle, la tesis fiscal indica que el hermano de la jefa de Estado habría influenciado en el nombramiento de subprefectos en Cajamarca para instaurar una organización criminal que se encargaba de recolectar firmas para inscribir un partido político, Ciudadanos por el Perú.

Asimismo, se cree que esta práctica también la utilizó en la región San Martín, donde influenció en la recolección de rúbricas de manera irregular. Por último, se presume que Nicanor Boluarte tuvo injerencia en la designación de altos funcionarios en las diferentes entidades públicas del Estado. En el caso del defensor legal de la presidenta se le imputan serias irregularidades por intentar frenar las investigaciones contra Boluarte Zegarra al ofrecer supuestos “beneficios de protección desde la más alta investidura a los Coordinadores Policiales que apoyan al Equipo Fiscal para que comuniquen cualquier información contra este y su entorno más cercano”.

La información sugiere que Castañeda Segovia ofreció beneficios a los agentes policiales para intervenir en las pesquisas elaboradas por el  Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Se habría comprometido a ascender a general PNP al coronel Walter Lozano y a evitar que el coronel Harvey Colchado sea removido de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC). Cabe mencionar que el jefe de este departamento policial fue suspendido por presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus funciones.

PREFECTOS Y SUBPREFECTOS

Los cargos de prefectos y subprefectos se encuentran bajo el ojo de la tormenta, debido a que, en lugar de representar al Ejecutivo en sus respectivas jurisdicciones, se convirtieron en una cuota de poder político que diferentes partidos políticos desean tener. Actualmente, de los 324 nuevos subprefectos, 45 se encuentran inscritos en alguno de los padrones de militancia de partidos con representación nacional, entre ellos, las agrupaciones que mayor visibilidad tienen son APP con 27 y Somos Perú con 7.

Incluso, el presidente Pedro Castillo fue cuestionado por sus designaciones, debido a que el nombre de 16 prefectos y subprefectos nombrados entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022 se encuentran en el padrón de adherentes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso. Po: Vigilante.pe